El descenso del peso del tráfico aéreo doméstico se acentuará con las nuevas líneas AVE
MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La privatización parcial del 49% de los aeropuertos españoles en bloque, con "gran éxito desde el punto de vista de la acogida del mercado y de su evolución en Bolsa", ha propiciado un proceso de saneamiento de la compañía, si bien "el ejercicio de poder de mercado de Aena está muy limitado", advierte un estudio elaborado por Fedea.
"La competencia a la que hace frente un aeropuerto no es solo intramodal doméstica, es también intramodal internacional --con los 'hubs' europeos en el caso de Madrid-- e intermodal con el tren de Alta Velocidad fundamentalmente y por destinos turísticos", según recoge el estudio, realizado por Ginés de Rus, catedrático de la Universidad de las Las Palmas de Gran Canaria y profesor de la Carlos III de Madrid.
Además, recuerda que el poder de negociación de las aerolíneas reduce el poder de mercado de los aeropuertos, a lo que hay que añadir que los ingresos no aeronáuticos, aquellos que no están regulados en el sistema de doble caja utilizada por Aena, son un incentivo para atraer viajeros.
Según este análisis, es fundamental distinguir por tipos de tráfico e incluso por aeropuertos, teniendo en cuenta los insulares.
El peso del tráfico doméstico en el total de los aeropuertos españoles desciende desde un 48% en 1990 a un 31% en la actualidad, "una situación que se acentuará con la apertura de las nuevas líneas de Alta Velocidad en construcción".
La competencia del AVE ya es evidente en los corredores aéreos Madrid-Málaga, Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia y Madrid-Alicante-Elche que perdieron, desde la entrada en operación de la Alta Velocidad hasta el 30 de mayo de 2014 más de 4,7 millones de viajeros, frente a los 4,6 millones de viajeros que han ganado en este mismo periodo los corredores ferroviarios en competencia.
DESARROLLO COMERCIAL.
En cuanto a la regulación de los precios en los aeropuertos, según reconoce su autor, no hay unanimidad sobre qué sistema es mejor si la caja única en la que se contabilizan todos los ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos para el cálculo de las tasas o el 'dual till' (doble caja) en el que quedan fuera los ingresos comerciales.
La nueva regulación aeroportuaria (DORA), que entrará en vigor en 2017 y que incluye la congelación de tarifas hasta 2025, sugiere la posibilidad de un desarrollo excesivo de la parte comercial de los aeropuertos.
También llama la atención, según este análisis, el mantenimiento de los incentivos a crear un sistema con sobrecapacidad dado que el DORA garantiza un retorno a todos los activos regulados, independientemente de su uso.
"La regulación concebida para la protección del consumidor en ausencia de competencia es aquí esencial, especialmente en los tráficos menos expuestos a los tipos de competencia como ocurre en los vuelos domésticos insulares", matiza el autor, por lo que habrá que ver cómo se desarrolla su aplicación.
LA SOBRECAPACIDAD TOCA TECHO.
El autor subraya que el modelo de privatización en red elegido, similar al utilizado en los principales aeropuertos europeos, mantiene abiertos un conjunto de aeropuertos sin demasiada justificación, que "suponen una carga para los aeropuertos rentables que han de financiar a los deficitarios, si bien no parece que sea importante en términos cuantitativos en el caso de Aena".
En esta línea, argumenta que gran parte del tráfico de los aeropuertos deficitarios tienen como destina final (o conexión) los aeropuertos rentables, por lo que la subvención real es probablemente aún menor, siendo secundaria, dado el bajo coste marginal de este tráfico incremental con el exceso de capacidad existente.
Según el autor, el exceso de capacidad aeroportuaria, reconocida por el propio Ministerio de Fomento, puede haber tocado techo con la presencia del capital privado en el consejo de administración de Aena, al ser más difícil aprobar proyectos "ruinosos" cuando los accionistas arriesgan su capital.
Pese a las críticas al modelo elegido para la privatización de Aena, el informe reconoce que "los resultados en términos de mejora de eficiencia y saneamiento financiero de la compañía son un activo de este Gobierno" y que la operación ha roto con "los incentivos perversos de la dinámica anterior", en la que los gobiernos regionales imponían sus proyectos, con independencia de su justificación social.
