La reforma de la ley gallega de salud encaminada a proteger a los profesionales sanitarios en un escenario en el que las agresiones están al alza castiga la violencia digital de la que pueda ser objeto este colectivo (por parte de pacientes o familiares) y determina que, en casos graves o muy graves, el agresor podrá ser asignado a otro profesional e incluso a otro centro de salud.
