MÁLAGA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El doctor en Geografía y Ordenación del Territorio y profesor de la Universidad de Málaga (UMA) Antonio Gallegos ha considerado que hay una serie de medidas preventivas que deberían adoptarse frente a las inundaciones antes de que vuelvan a producirse, algo que podría ocurrir "dentro de 25 años o el próximo invierno".
Este profesor universitario, que ha recogido en un libro, que está en proceso de edición, 51 medidas preventivas frente a inundaciones y otros riesgos naturales frecuentes en la provincia de Málaga, ha lamentado que la memoria sea "corta", instando a adoptar medidas que tienen un coste económico más bajo que pagar las ayudas a las que hay que hacer frente por las consecuencias de las fuertes lluvias.
Gallegos ha apostado por medidas que no van en la línea de construir un nuevo puente sobre el río Guadalhorce ni el dragado ni encauzamiento de ríos, que con un elevado coste "evitaría desbordamientos en una zona muy concreta" --caso del puente--. Así, ha demandado la realización de un plan específico de prevención en el litoral malagueño y en el Valle del Guadalhorce.
Concretamente habría que tener en cuenta, ha precisado en un comunicado, las particularidades del litoral mediterráneo, que hace que las inundaciones sean "muy diferentes a las del interior de la Península". Sin embargo, se estudian todas con un mismo modelo matemático, "lo que lleva a errores".
REVISAR ESTUDIOS DE INUNDABILIDAD
Otra medida sería informar a la población de las zonas con riesgo de inundación. Las áreas inundables de un municipio, según Gallegos, "no debe ser una información que se quede en el cajón del alcalde o del concejal de Urbanismo, sino que hay que informar a los ciudadanos, y expresamente a los potencialmente afectados".
De este modo se podría evitar, a su juicio, "situaciones trágicas como los rescates que hemos visto con helicóptero en televisión, o peor aún, el caso de la joven fallecida en Estepona. Además, los vados y las áreas inundables deberían tener señalética específica".
De igual modo, se deberían revisar periódicamente los estudios de inundabilidad: "los territorios van cambiando con el tiempo, y el comportamiento de los riesgos naturales obviamente también".
Otra posible medida sería favorecer áreas de inundación preferente.
"Una vez que asumimos que es imprescindible que el caudal de los ríos desborde para dar salida al caudal y energía excedentes, es mejor favorecer estas zonas con áreas de inundación controlada, antes que dejar que se produzcan en zonas urbanizadas", ha sostenido.
También se deben evitar entubamientos y canalizaciones de ríos y arroyos. Los primeros se deben sustituir por puentes con una altura suficiente no solo para el agua, sino también para los residuos sólidos que arrastran. Y sobre las segundas, "modifican la dinámica hidráulica normal del río, aumentando la velocidad y la peligrosidad en otras zonas distintas a donde se realiza el encauzamiento", ha explicado.
Otras medidas serían reforestar las cabeceras de las cuencas hidrográficas, reclasificar suelos cuando sea imprescindible, establecer pólizas de seguro específicas o incluir porcentajes mínimos de superficie no impermeabilizada en los nuevos desarrollos urbanísticos, ha enumerado el doctor en Ordenación del Territorio.
Ha lamentado que siempre que se producen inundaciones "se repiten invariablemente los mismos debates y el mismo cruce de responsabilidades entre vecinos, representantes de grupos económicos y administraciones".
Según Gallegos, algunos de estos debates "sonrojan por la levedad de sus argumentos", añadiendo que mientras se habla de la necesidad de dragar cauces, de hacer un nuevo puente sobre el Guadalhorce o las exigencias a las administraciones para que cubran las pérdidas económicas, "de los bolsillos de todos los ciudadanos deben salir cientos de millones de euros para compensar o restaurar las pérdidas".
"Solo los ayuntamientos de Marbella o Estepona valoran sus daños en 56 millones de euros y las indemnizaciones privadas se estiman de momento en 25 millones de euros. Esto ocurre porque aún en el siglo XXI seguimos usando un sistema de actuación post-catástrofe, en lugar de actuar de manera preventiva. Con un porcentaje mínimo del gasto citado, se podría actuar preventivamente y evitar que sea necesario hacer estos desembolsos en un futuro, o al menos reducirlos muy notablemente", ha finalizado el profesor de Geografía de la Universidad de Málaga.
