PSOE pide a Catalá la derogación "inmediata" de la ley de tasas y la retirada del proyecto de justicia gratuita

 

PSOE pide a Catalá la derogación "inmediata" de la ley de tasas y la retirada del proyecto de justicia gratuita

Heredia y Serrano, junto al decano del Colegio de Abogados, Fco Javier Lara
EUROPA PRESS / PSOE
Actualizado 03/07/2015 23:54:16 CET

Heredia acusa al PP de "cargarse" la igualdad de oportunidades y exige al nuevo ministro que mantenga los partidos judiciales

MÁLAGA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha criticado este lunes que el Gobierno del PP "se ha cargado la igualdad de oportunidades en materia de justicia" y ha pedido al nuevo ministro, Rafael Catalá, que derogue "de manera inmediata" la ley de tasas, y que retire el proyecto de ley de justicia gratuita y mantenga todos los partidos judiciales de la provincia.

El también secretario general del PSOE malagueño, junto con la vicesecretaria general de esta formación, Pilar Serrano, se ha reunido este lunes con el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, para abordar estas tres cuestiones, y ha lamentado que las diferentes reformas emprendidas por el Ejecutivo central "van hacia una justicia para ricos y una no justicia para pobres".

"La justicia tiene que ser igual para todo el mundo, no podemos tener en un país como España una justicia para ricos donde los pobres no tengan derecho a ella; no se puede alejar ésta de los ciudadanos, y no se puede hacer que los profesionales de la abogacía trabajen más cobrando menos salario", ha opinado.

El dirigente socialista ha insistido en que los únicos beneficiados con las reformas que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está llevando a cabo en materia judicial son los grandes despachos de abogados.

Heredia ha incidido en que la ley de tasas "vulnera el derecho constitucional", criticando que para hacer "cualquier trámite judicial hay que pagar entre 100 y 1.200 euros". Así, ha señalado que entre 2013 y mayo de 2014 se han recaudado en la provincia en torno a 12 millones de euros con la aplicación de esta ley; en el conjunto del país, la cantidad asciende a los 446 millones.

Como ejemplos, se ha referido a que "un divorcio donde no hay acuerdo cuesta 168 euros; reclamar una multa, 200 euros; reclamar porque has perdido tu puesto de trabajo, 500 euros; y una preferente a un banco, 900 euros".

Según Heredia, "hay gente que no puede pagarlo, y el Gobierno del PP trata de hacer negocio", agregando que en la provincia de Málaga esto ha supuesto una reducción de los trámites de los contenciosos administrativos, que "han bajado un 41 por ciento, mientras que en el ámbito civil han caído un 33 por ciento".

"Todos los españoles tenemos derecho a la justicia según la Constitución, con el PP, esto no existe", ha lamentado el diputado socialista, que ha recordado que el PSOE ha presentado dos recursos de inconstitucionalidad para frenar la aplicación de esta ley.

PARTIDOS JUDICIALES Y JUSTICIA GRATUITA

Por otro lado, con relación al proyecto de ley de justicia gratuita, el líder de los socialistas malagueños ha considerado que son los Presupuestos Generales del Estado (PGE) los que deben sufragarla, y no la recaudación de las tasas, tal y como plantea el Gobierno.

Esto debe hacerse, ha dicho, "sin que se perjudique a los abogados de oficio, que ahora tendrán que trabajar más cobrando menos", lo que, a nivel nacional afecta a unos 42.000 profesionales, y en el caso de la provincia de Málaga a alrededor de 2.000.

En este sentido, Heredia ha criticado la limitación de tres litigios anuales en cualquier proceso judicial que el Gobierno ha impuesto, y ha señalado que PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad de esta iniciativa durante la tramitación actual que se lleva en el Congreso de los Diputados.

Por último, en relación con los partidos judiciales, los socialistas han alertado de que con el anteproyecto de ley de Demarcación y Planta Judicial, el Gobierno "se pretende cargar los 12 partidos judiciales que hay en la provincia, y hacer un megajuzgado en la capital".

Esto, ha insistido Heredia, supondrá que la gente que vive en los municipios tenga que desplazarse a la capital a arreglar cualquier trámite judicial. "Es sencillamente una barbaridad", ha criticado, advirtiendo, además, de que la medida también afectará a los funcionarios que trabajan en los partidos judiciales de las distintas localidades, que tendrán que trasladarse.

Asimismo, el dirigente socialista ha señalado que "muchos de los abogados que trabajan allí van a perder su puesto de trabajo, porque no les va a compensar venir a la capital". También ha afirmado que con la supresión de estos órganos, "los negocios del entorno de los juzgados que existen en la comarcas van a perder gran parte de sus ingresos económicos".

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE en Málaga ha criticado que la llegada del PP al Ejecutivo central haya supuesto "la implantación de su modelo ideológico y el desmantelamiento del Estado de Bienestar". "Lo hemos visto en la educación o la sanidad y también ahora en la justicia", ha expresado Serrano.

"Un claro ejemplo de su modelo de desigualdad es el ataque de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución por parte de Mariano Rajoy como es la tutela efectiva y el acceso a la justicia bajo criterios de igualdad, es un ataque al estado de derecho", ha afirmado, a la vez que ha recordado "la rotundidad y firmeza" del rechazo de los socialistas a estas medidas.

Para Serrano, la ley de tasas supone establecer "ciudadanos de primera y de segunda clase; los que tengan dinero podrán pagarse la justicia que merecen, frente a otros que no tendrán recursos económicos".

En este sentido, la también senadora socialista se ha referido a nuevas trabas para acceder a este servicio judicial, como el que ahora los ciudadanos deben especificar los procedimientos para los que se solicita y en qué partes del proceso necesitará o no un letrado.

"Los ciudadanos no tienen por qué conocer el procedimiento, por eso también pedimos la retirada este proyecto de ley, ya que, además, favorece a los grandes despachos de abogados frente a los pequeños porque se limita a tres horas el plazo máximo para que un letrado pueda personarse en una causa, lo que pone en riesgo la actividad de aquellos profesionales con menos recursos humanos", ha concluido Serrano.

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