Augura que existe un colectivo numeroso de personas que aún desconoce estar afectado
GRANADA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha registrado en la Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en relación a las llamadas participaciones preferentes y ha confiado en que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades porque en muchos de estos casos se sospecha que hay un "delito".
En Andalucía se calcula que son unas 67.000 las personas afectadas por este asunto, con un capital inmovilizado de "cientos de millones" de euros, según ha señalado Chamizo, quien ha precisado que en el caso de estos 300 expedientes la media de inversión se encuentra entre los 6.000 y los 10.000 euros.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha explicado que existen tres grandes bloques de reclamaciones: las que corresponden a aquellas personas habituadas a hacer inversiones --y que no se prevé que prosperen--; las de personas que no tienen el perfil de inversor que exige la normativa y a las que se dijo que podrían acceder a su dinero cuando quisieran y un tercer grupo de reclamaciones donde previsiblemente sí ha existido delito.
Se trata de discapacitados; menores; personas mayores que han firmado con el dedo o que se han fiado de la persona que siempre les atendía en el banco, según ha precisado Chamizo, quien asegura que los bancos sí "se están dando prisa" para resolver estos casos mediante acuerdos por los que los afectados se comprometen a depositar el dinero a plazo fijo o en los que se les ofrece que se conviertan "en una especie de accionista del banco".
Chamizo ha augurado además que en la actualidad existe un colectivo numeroso de personas que "no sabe que esto les afecta" y siguen pensando que tienen su dinero a plazo fijo, siendo complejo dar con ellos.
Hasta la fecha, Chamizo se ha puesto en contacto con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que intervenga ante la Comisión de Valores, que "es quien debe hacer seguimiento de esto" y ha remitido un escrito con recomendaciones a la Junta de Andalucía, a lo que se suma la entrega este lunes de los citados 300 expedientes.
"Seguimos recibiendo quejas e insistimos en que se han vulnerado los derechos de los consumidores y a muchas personas mayores se les va a dejar en la ruina", ha lamentado el Defensor del Pueblo Andaluz, quien ha pedido al fiscal que continúe con la labor que está haciendo: "investigación y --búsqueda de-- responsabilidades".
Fue el pasado 26 de julio cuando la Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, emitió un decreto en el que consideraba que pueden apreciarse indicios de delito de estafa en las denominadas participaciones preferentes, y atribuía a las entidades de crédito en ese sentido "una práctica totalmente abusiva, expresamente prohibida y contraria al ordenamiento jurídico", en tanto que se trata de una actividad comercial "dirigida a personas con un perfil inversor de poco riesgo y de escasos o nulos conocimientos financieros".
