Junta pide a Gobierno definir distribución y cuantía del modelo de gestión de 0,7% del IRPF para políticas sociales

 

Junta pide a Gobierno definir distribución y cuantía del modelo de gestión de 0,7% del IRPF para políticas sociales

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio
EUROPA PRESS/PARLAMENTO
Publicado 24/05/2017 19:07:34CET

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha instado al Ejecutivo central a que presente "de una vez por todas" el fecreto que regula el nuevo modelo de gestión que va a presentar el Gobierno central en lo relativo al reparto de subvenciones del Estado a cargo del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y que defina los criterios de distribución y la cuantía que corresponde a las comunidades autónomas".

En su comparecencia ante el Pleno del Parlamento, Sánchez Rubio ha subrayado que "desde Andalucía vamos a luchar para conseguir el mejor sistema para que las entidades del Tercer Sector puedan desempeñar su labor fundamental en el desarrollo de las políticas sociales y defender sus derechos". Ha garantizado que el Gobierno andaluz no va a "obstaculizar" dicho modelo, pero tampoco va a permitir que se "lesione" a Andalucía.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha criticado que a estas alturas del año aún la Administración General del Estado no haya definido el tramo estatal ni el autonómico, y en consecuencia, los criterios de distribución y la cuantía que corresponde gestionar a la Junta de Andalucía. Por ello, para proceder a la convocatoria correspondiente al año 2017, es necesario disponer de dichos créditos que hemos de recibir vía transferencias finalistas procedentes del Estado".

Sánchez Rubio ha resaltado que "en la medida en que dependa de nosotros, no vamos a permitir que no haya convocatoria este año, porque somos conscientes del perjuicio que originaria tanto para las personas como para las entidades beneficiarias, sin olvidar su repercusión en la perdida de puestos de trabajo".

"Mantenemos nuestra voluntad y mano tendida al Gobierno central para que, antes que después y dentro de la normativa vigente y en el marco competencial que tenemos atribuido, se pueda resolver la concesión de ayudas a Entidades del Tercer Sector de Andalucía con cargo a la asignación presupuestaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", ha destacado la consejera.

La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha informado en el Pleno del Parlamento que "hemos propuesto que, dada la limitación de tiempo a la que nos había sometido la Administración General del Estado, tras no haberse sentado antes con las Comunidades Autónomas, elevar una consulta al Tribunal Constitucional.

Dicha consulta versa sobre la posibilidad de que este año, excepcionalmente, dadas las circunstancias, fuese el Ministerio quien gestionara la convocatoria 2017, comprometiendo en esta consulta la constitución de un grupo de trabajo entre la administración general del estado y las Comunidades autónomas. El fin último de este grupo sería planificar los criterios de distribución y gestión de las siguientes convocatorias.

Sánchez Rubio ha subrayado que en Andalucía se gestionan 39 millones de euros para el tercer sector a través del IRPF. "Por ello, exigiremos tiempo para trabajar en este decreto con el fin de ponerlo en marcha con garantías para evitar que en un mes vuelva al Tribunal Constitucional y ponga en juego las subvenciones para 2017", ha zanjado.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el parlamentario del PP-A Juan Antonio Miranda ha comenzando valorando la "solidaridad" que demuestran los ciudadanos que marcan la casilla de fines sociales en sus declaraciones de la renta, y ha defendido que el modelo con el que lo obtenido con el pago de esa cuota va al "saco común" del Estado y desde ahí se distribuye entre comunidades autónomas, va a permitir que se destine "más donde más necesidades hay", como en Andalucía.

Para el diputado 'popular', ahora "toca desarrollar el nuevo modelo de gestión mixta", y, tras ello, que en Andalucía "se haga una buena gestión de la solidaridad de los andaluces".

Por parte de Podemos ha intervenido la parlamentaria Esperanza Gómez, que ha realizado un repaso a lo que se ha ido sabiendo al respecto de esta cuestión, "que es poco porque quedan muchos asuntos por cerrar", según ha apostillado, y ha trasladado a la consejera una serie de preguntas o dudas para que se las aclarase, en relación, por ejemplo, a los criterios con los que van a repartir los recursos, y si la Consejería está de acuerdo con esos criterios.

Por su parte, la diputada de Cs Marta Bosquet ha dado la razón a a Junta en sus críticas al hecho de que el Gobierno haya mantenido reuniones con el Tercer Sector y no con las comunidades sobre esta materia y ha considerado necesario "que todos se sienten" para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo modelo de gestión. Ha deseado que la próxima reunión que se celebre sea "productiva" y que se consensúe un marco "estable y equitativo". "Lo importante es gestionar y que los fondos sean destinados a los fines", ha defendido.

En nombre de IULV-CA, su portavoz adjunta, Elena Cortés, se ha mostrado en contra del modelo de gestión mixta con el que el Gobierno central quiere "sacar por la puerta de atrás cuestiones que no le corresponden". Ha considerado que sería mejor un cambio del modelo de financiación autonómica y local que asegure la suficiencia financiera y que sean las comunidades autónomas las que decidan con sus competencias propias cómo gestionan la política asistencial, si a través de programas, subvenciones u otras posibilidades.

Finalmente, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha asegurado que mientras el PP-A está "con la calculadora en la mano" en esta materia, el resto de formaciones están "preocupadas" por que las ONG respondan a las necesidades de los andaluces. "Entre la calculadora y el corazón hay una gran brecha en este Parlamento y hoy ha quedado demostrado", ha señalado la parlamentaria socialista, quien ha acusado al Gobierno de "negociar por detrás" con la Generalitat de Cataluña y con la ONG.

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