SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ante la polémica generada por el examen de Historia en la Selectividad entre los alumnos andaluces, ha recordado que ya mostró su preocupación por las consecuencias "perjudiciales" que se derivasen para el alumnado andaluz de la nueva regulación de las pruebas de acceso a la universidad y reclamó que "se estudiasen las posibilidades de introducir cambios que permitieran evitar o reducir esas consecuencias".
Según ha recordado este jueves en su perfil de Facebook el Defensor,
en una resolución remitida el pasado marzo a la Consejería de Economía y Conocimiento, esta institución se hizo eco de las diversas quejas recibidas desde la aprobación por el Ministerio de la nueva regulación de las pruebas de acceso a la universidad, que "se incrementaron sustancialmente" al publicarse el 10 de febrero de 2017 los acuerdos de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía conteniendo las orientaciones para la prueba fijados por las ponencias constituidas al efecto con las universidades andaluzas.
Entre las quejas recibidas, el Defensor reseña las remitidas por docentes y alumnos afectados por los cambios introducidos en el temario de la asignatura de Historia, que "han supuesto una considerable ampliación" del periodo histórico que puede ser objeto de evaluación en la prueba de acceso, lo que "perjudicará al alumnado ya que por lo avanzado del curso resulta difícil acometer un cambio en los contenidos impartidos y previstos para los meses que restan".
Por todo ello, el Defensor señala preguntó si, dentro del ámbito competencias de las autoridades educativas andaluzas, "no sería posible adoptar alguna medida que paliase o minimizase las consecuencias que para el alumnado de Andalucía se derivasen del nuevo modelo regulatorio".
Siendo conscientes de la premura de tiempo y de la necesidad de respetar los contenidos básicos regulados en la normativa estatal, no obstante, el Defensor consideró que "podría existir margen regulatorio para adoptar algunas decisiones que implicasen cambios en la ordenación en Andalucía de las pruebas de acceso a la universidad que evitasen o redujesen algunas de las consecuencias perjudiciales que se derivaban de la normativa estatal para el alumnado andaluz".
De este modo, apunta que a la institución llegaron quejas de personas disconformes por la decisión de restringir las asignaturas objeto de evaluación a las cursadas como troncales en 2º de Bachillerato. En particular, expresaron su "malestar" los docentes y alumnos afectados por los cambios introducidos en relación a la evaluación de la lengua extranjera, que obligan a examinarse de la lengua cursada en segundo de Bachillerato, negando la posibilidad de optar por otra lengua extranjera, aún cuando al misma hubiese sido cursada en 1º de Bachillerato.
Otro colectivo discrepante, recuerda, fue el afectado por los cambios habidos en la ponderación de determinadas asignaturas respecto de algunos de estudios universitarios, que podrían reducir sus posibilidades de obtención de plaza en los estudios elegidos.
La eliminación de una de las opciones de revisión de las pruebas también ha fue objeto de protesta y discrepancia por quienes consideraban que ello "perjudicaba a sus derechos e intereses y limitaba sus posibilidades de defensa".
Igualmente, Maeztu recuerda que el propio formato de las pruebas de evaluación fue objeto de cuestionamiento, al introducir preguntas semiabiertas o de opción múltiple, junto a las preguntas abiertas, lo que algunos docentes consideraban "contradecía principios metodológicos y didácticos de larga tradición en nuestro sistema educativo".
Por último, expone que esta institución consideró "acertada" la decisión de suspender la aplicación de los preceptos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que regulaban las pruebas de reválida, por cuanto considera que el modelo de acceso a la universidad previsto en dichas normas "no era el más adecuado a las necesidades y realidades de nuestro sistema educativo".
No obstante, la satisfacción por esta decisión "no puede ocultar la profunda preocupación por la situación en que queda el alumnado de Bachillerato afectado por el cambio regulatorio, cuyos derechos e intereses no parecen haber sido tomados suficientemente en consideración y cuyas aspiraciones académicas y profesionales podrían verse perjudicadas por los efectos retroactivos que inevitablemente se derivan de la nueva regulación", concluye.
