SEVILLA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento andaluz ha tramitado un total de 353 preguntas de iniciativa ciudadana registradas en los más de dos años transcurridos desde las últimas elecciones autonómicas, cifra que contrasta con las apenas 12 tramitadas en la anterior legislatura, según los datos consultados por Europa Press en la propia web de la Cámara autonómica.
Se da la circunstancia de la práctica totalidad de las preguntas de iniciativa ciudadana de la actual legislatura, hasta 342 de las 353 registradas, presentan idéntica formulación y se interesan por el mismo asunto, la "falta de trabajador social en el equipo básico de salud de las unidades de gestión clínica de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS)".
Todas estas preguntas, formuladas por diferentes personas entre el 27 de marzo y el 7 de julio de este año, han sido registradas pero no asumidas por ninguno de los 109 diputados del Parlamento andaluz, por lo que no han llegado a sustanciarse en Pleno o en comisión.
UPyD RECURRE A LAS PREGUNTAS DE INICIATIVA CIUDADANA
En el resto de preguntas de iniciativa ciudadana de esta legislatura figuran seis formuladas por el actual coordinador de UPyD en Andalucía, Manuel Vicente, que cuestiona al Consejo de Gobierno por asuntos como la renta mínima de inserción, la oficina antifraude, la supresión de los aforamientos o las políticas desarrolladas por la Junta para la erradicación de la pobreza.
Hasta el momento, solo tres de las preguntas de iniciativa ciudadana han sido asumidas por diputados de la Cámara, los socialistas José Latorre, que se interesa por la política de protección de datos en la Junta y los juzgados que han pedido la intervención del sistema andaluz de información y asesoramiento Integral en materia de desahucios, y Beatriz Rubiño, que cuestionó a la Junta por el mantenimiento del sistema actual de regulación del taxi en la comunidad autónoma.
De ellas, sólo dos han sido formuladas en el Pleno del Parlamento. En concreto, Rubiño preguntó al consejero de Fomento, Felipe López, por el sistema de regulación del taxi y Latorre al vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, por la política de protección de datos en la administración autonómica.
DOCE PREGUNTAS Y SOLO UNA CONTESTADA EN LA ÚLTIMA LEGISLATURA
En la anterior legislatura, el Parlamento andaluz contabilizó doce preguntas de iniciativa ciudadana registradas por vecinos residentes en la comunidad autónoma y sólo una de ellas recibió contestación por parte del Consejo de Gobierno, según los datos consultados por Europa Press en la propia web de la Cámara autonómica.
Las preguntas de iniciativa ciudadana, reguladas en el artículo 165 del Reglamento de la Cámara, permiten a los andaluces y al resto de ciudadanos residentes en Andalucía, o a las personas jurídicas con domicilio o establecimiento permanente en la comunidad, formular preguntas para su respuesta oral al Consejo de Gobierno o a cada uno de sus miembros, siempre que dichas cuestiones sean asumidas por algún diputado.
Estas iniciativas son computables a efectos del cupo correspondiente a cada grupo parlamentario y sólo podrán formularse un máximo de cuatro en cada sesión plenaria. Deben presentarse por escrito en el Registro General del Parlamento y contener los requisitos de identificación previstos en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tras su examen, la Mesa del Parlamento ordenará su traslado a los grupos parlamentarios si cumplen los requisitos de admisibilidad previstos en el Reglamento. Para que estas preguntas puedan tramitarse en Pleno o en comisión, deberán ser asumidas por algún miembro de la Cámara, quien lo comunicará a la Mesa. Si fueran varios los diputados que desearan formular una misma pregunta de este tipo, se le asignará al primero que manifieste su intención de hacerlo.
La decisión de formularla en Pleno o en comisión corresponderá al diputado a quien le haya sido asignada. En todo caso, al inicio de su intervención, hará constar la autoría de la iniciativa, y en su formulación no podrá modificar en lo sustancial el contenido originario del texto.
