Alonso defiende que este colectivo debe ser atendido en igualdad de condiciones y reitera que Andalucía seguirá garantizando la atención
SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha insistido en la universalidad de la atención sanitaria y ha exigido la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 que excluye explícitamente a las personas inmigrantes. Así lo han puesto de manifiesto los representantes de la Consejería de Salud en la Comisión Técnica de Prestaciones, la reunión técnica mantenida este miércoles en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para abordar la atención sanitaria a la población inmigrante.
El encuentro se ha centrado en cuestiones técnicas y, en ningún caso, se había llegado a acuerdos previos sobre la asistencia a esta población por parte de las comunidades autónomas previamente, tal y como se pretende trasladar de manera confusa desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. A este respecto, y a través de un comunicado, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha recordado que los acuerdos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud se suscriben únicamente en el seno del Consejo Interterritorial y con un debate previo en la comisión delegada.
Alonso ha reiterado que "hay que evitar alarmar a las personas inmigrantes y evitar que estén sometidas a discriminaciones o segregaciones". A este respecto, ha subrayado que "Andalucía siempre ha mostrado una postura constructiva y dialogante y continuaremos en esta línea, aunque siempre con un punto de partida innegociable: la universalidad".
En cuanto a las alegaciones a la propuesta planteada este miércoles por el Ministerio, en el plazo de 15 días, Andalucía realizará sus aportaciones en esta línea de universalidad de la sanidad pública. Alonso ha insistido en que "para Andalucía, la defensa de la universalidad es una decisión solidaria y de salud pública que intenta proteger a la población más vulnerable y sin recursos".
El máximo responsable de Salud de la comunidad reitera que "desde Andalucía, defendemos una sanidad pública universal, con el mismo acceso y los mismos derechos para toda la población y las personas inmigrantes deben ser atendidas en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano español, tal y como ya se viene haciendo en la comunidad andaluza desde 1999 y así va a continuar".
Por este motivo, el consejero de Salud ha insistido en la necesidad de volver a la situación previa a la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 para evitar cualquier tipo de discriminación. "Así lo hemos venido reclamando en diferentes consejos interterritoriales y lo así lo seguiremos planteando en cada encuentro al que se nos convoque", ha subrayado.
La vía de entrada de la población inmigrante, al igual que ocurre con el resto de la población, suele ser la atención primaria, pero también puede ser puerta de entrada las Urgencias de los centros asistenciales, por lo que desde la Junta de Andalucía nunca se admitirá reconocer el acceso de este colectivo únicamente a atención primaria. El acceso debe ser al conjunto de la cartera de servicios sanitarios: consultas de atención primaria, consultas de atención especializadas, urgencias, prestación farmacéutica, etc.
MÁS DE 110.000 PERSONAS ATENDIDAS EN ANDALUCÍA
En Andalucía, la población inmigrante recibe un documento de reconocimiento temporal que se emite en los distritos de atención primaria y que garantiza el acceso al sistema sanitario público dentro de la comunidad autónoma. Este documento es fruto de diversos convenios suscritos con asociaciones y organizaciones no gubernamentales al objeto de facilitarle a este colectivo su acceso al servicio sanitario con todos los derechos. Con este documento se hace posible la identificación de las personas inmigrantes y permite hacer un seguimiento de los servicios que se les presta y de su estado de salud.
El número de documentos temporales distribuidos entre la población inmigrante ha descendido, en los últimos años, en paralelo a la disminución de la población inmigrante en la comunidad. Desde que en 2012 entrara en vigor el Real Decreto del Gobierno que deja sin cobertura a las personas inmigrantes, Andalucía ha reconocido el derecho a la asistencia sanitaria a más de 110.000 personas inmigrantes que se hubieran quedado sin prestación sanitaria con la normativa estatal. Actualmente, son 27.000 los inmigrantes que tienen documento sanitario temporal.
La exclusión de la sanidad pública de la población inmigrante en situación administrativa irregular no es una medida de ahorro, ya que su frecuentación a los servicios sanitarios es baja. De hecho, las atenciones a la población inmigrante no regularizada supone una mínima parte del total de las asistencias sanitarias. En 2014, las atenciones a estas personas sólo han supuesto el 0,18 por ciento de las consultas de Medicina de Familia, el 0,49 por ciento de las urgencias hospitalarias y el 1,1 por ciento de los partos.
