SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor, José Chamizo, ha reclamado este miércoles a la Junta de Andalucía la puesta en marcha "inaplazable" de un Plan global de reordenación, modernización y calidad de los centros específicos de educación especial en Andalucía, que actualmente atienden a 3.570 niños con algún tipo de discapacidad.
Según ha informado en rueda de prensa Chamizo tras entregar a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, el informe especial 'Los centros específicos de educación especial en Andalucía', el estudio llevado a cabo por la institución en los 59 centros específicos de educación especial que hay en Andalucía --47 de titularidad privada y 17 públicos-- ha concluido que es "necesario elaborar sin mayor dilación un plan de ordenación y actualización de estos centros, marginados y aislados del sistema educativo normalizado".
Tal y como ha apuntado el Defensor, urge un reajuste que responda a la demanda de escolarización que no ha podido ser atendida en estos centros. Según el estudio, el 35 por ciento de los colegios "no podía atender todas las solicitudes de ingreso por falta de espacio, falta de recursos personales y materiales o por la negativa de la Administración educativa de ampliar el concierto establecido con los centros privados".
Asimismo, Chamizo ha señalado que este plan debería incluir una remodelación de las infraestructuras de estos colegios en los que se ofrece una atención especializada a las diferentes discapacidades que pueden presentar los alumnos, tales como auditivas, visuales, motóricas, intelectuales graves, leves o severas, o las más complicadas de manejar, las plurideficiencias; a lo que ha unido que en muchos casos la ubicación de estos centros "no es la adecuada".
Igualmente, también ha impelido el Defensor a fijar nuevos criterios en relación con los ratios, de manera que ha apuntado que es necesario pasar de la disponibilidad de un docente por cada 4 o 5 alumnos como hay en la actualidad a uno por cada dos como máximo, dada la "atención individualizada que requiere este colectivo".
Por otro lado, ha llamado la atención sobre el hecho de que estos centros específicos de educación especial cuando son de titularidad privada "carecen de cualquier tipo de normativa reguladora", pues el. decreto 328/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo, de los Colegios de Educación Primaria, de los Colegios de Educación Infantil y Primaria y de los Centros Públicos Específicos de Educación Especial, "sólo concierne a los de titularidad pública".
No obstante, el Defensor ha querido dejar claro que institución apuesta siempre por la educación integrada de estos menores en centros normalizados siempre que sea posible, apoyando especialmente el trabajo en una "integración combinada, que permita a los niños con necesidades especiales acudir a centros normalizados para realizar algunas actividades, por ejemplo, las extraescolares, y viceversa, de manera que se luche contra el aislamiento de estos centros específicos del sistema educativo general".
"ANTES ERAN UNA VERGÜENZA PARA SUS FAMILIAS"
"No podemos olvidarnos de estos menores con necesidades especiales y de estos centros que atienden sus necesidades específicas y que son los hermanos pobres del sistema educativo", ha reivindicado Chamizo, reconociendo, no obstante, los avances logrados en los últimos años, pues "muchos de los niños que nacían con dificultades no sobrevivían o bien se quedaban en casa para siempre porque eran una vergüenza para su familia", mientras que ahora "hay peticiones de ingreso en estos centros desde los 3 o los 5 años edad".
Otro de los puntos que ha destaco el Defensor que precisan de mayor atención es lo que concierne a la educación Secundaria, donde las políticas de integración son "un fracaso", fundamentalmente porque la escasez de recursos materiales y personales con los que cuentan los institutos y la falta de formación del profesorado "impiden que estos niños puedan continuar su desarrollo académico y, a su vez, hace que acudan a estos centros específicos alumnos que podrían aspirar a enseñanzas más integradoras".
También ha lamentado que el aumento de los trastornos graves de conducta entre el alumnado, especialmente relacionados con problemas de convivencia en las escuelas, "esté propiciando que muchos de estos niños sean derivados a centros específicos de educación especial cuando deberían de ser atendido en colegios normalizados, lo que provoca el desplazamiento de este recurso de otros menores con mayores dificultades y necesidades".
Por último, ha instado a la colaboración entre los ámbitos educativos, sanitario y social para mejorar la coordinación y el trabajo con las familias.
Este informe pionero ha sido llevado a cabo a raíz de los cuestionarios remitidos a los propios centros, 59 en total en Andalucía, las quejas tramitadas por la Defensoría y la visita que han realizado miembros de la institución al 40 por ciento de estos centros específicos.
