La juez Mercedes Alaya
Foto: EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 11 abril 2014 14:34

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha remitido este viernes al Parlamento andaluz el auto de fecha 18 de diciembre de 2013 en el que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares 'preimputa' a cuatro exconsejeros y actuales parlamentarios, como son Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila.

   Fuentes del Alto Tribunal andaluz han informado a Europa Press de que el trámite se ha realizado este mismo viernes después de que la juez Mercedes Alaya dictara un auto en el que pedía tanto al Tribunal Supremo como al TSJA que la "auxilien" para notificar el citado auto, además de a los aludidos anteriormente, a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y al exconsejero y diputado nacional José Antonio Viera.

   Este jueves, cabe recordarlo, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ya remitió a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García-Escudero, respectivamente, el referido auto en lo relativo a la 'preimputación' de Chaves, Griñán y Viera.

   Y es que en un auto dictado el pasado 8 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señalaba que "en el día de ayer, y ante la imposibilidad de notificar en los domicilios de las personas a las que se refiere el auto de fecha 18 de diciembre de 2013", se libró atento oficio tanto al Congreso de los Diputados como al Senado".

   La juez explica que ambos oficios iban dirigidos a sus respectivos presidentes "con el ruego de que hicieran llegar el contenido del mencionado auto --el cual iba en sobre cerrado-- a los diputados y senador referidos en el mismo, al ser estas Cámaras domicilios laborales de estas personas".

LOS GUARDIAS CIVILES, "MEROS PORTADORES" DE LOS REQUERIMIENTOS

   Estos oficios, justifica la juez, "se hicieron llegar a través de agentes de la Guardia Civil que actuaron como meros portadores", explicando que el referido auto, "contra el que no pende recurso alguno, dispone poner en conocimiento de tales personas la existencia del procedimiento que se tramita en este Juzgado, a los efectos del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, auto que necesariamente debe ser notificado, por si quisieran ejercer el derecho de defensa en dicho procedimiento".

   La juez alude, en este sentido, a las noticias que "han aparecido en los medios de comunicación en las que se pone de manifiesto que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado tienen intención de negarse a realizar las correspondientes notificaciones aludiendo a que este Juzgado debe dirigirse al Tribunal Supremo, cuestión esta última que ninguna relación guardaría con la finalidad de la colaboración solicitada".

   En el auto, la instructora relata que el aludido artículo 118 bis es un precepto establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal "al que debe dársele obligatoriamente cumplimiento por el juez instructor, el cual ha de notificar la resolución que al efecto dicte a fin de que la misma adquiera eficacia", para lo cual, "lo mismo que para otras diligencias de ejecución de resoluciones judiciales, los poderes públicos han de prestar la colaboración necesaria de conformidad con el artículo 118 de la Constitución en relación con el artículo 591 de la LEC".

   Agrega que, "no obstante, en virtud de lo anterior, así como del criterio operativo o 'usus fori' informado por el Tribunal Supremo, no integrado en ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico, procede librar oficio a este último así como al TSJA con el ruego de que auxilien a este Juzgado para notificar" el auto de 'preimputación' "a las personas que se relacionan en el mismo".

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