CEUTA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un grupo formado por unas 25 personas, casi en su mayoría mujeres y menores de edad, permanece apostado desde hace más de 24 horas ante el Palacio autonómico de Ceuta después de que este jueves fuese desalojado por la Policía Nacional de las 206 viviendas de una promoción sin terminar que habían asaltado hace tres semanas junto a otros 400 okupas aproximadamente.
Los movilizados reclaman que el presidente del Gobierno autonómico, Juan Vivas (PP), les proporcione una alternativa habitacional tras su lanzamiento de las casas vacías que habían ocupado, actuación policial en la que han denunciado en declaraciones a los medios de comunicación excesos en forma de "agresiones" y un resultado final de "desamparo".
Tras pasar una noche al raso, la madrugada de este viernes, el portavoz del Ejecutivo local, Jacob Hachuel, ha dejado claro en rueda de prensa que la Administración no piensa concertar ningún encuentro con los okupas y ha avanzado que utilizará "todos los instrumentos legales" a su alcance para privarles de las ayudas sociales que, en su caso, pudieran estar recibiendo.
"No les sacamos del sistema, son ellos los que decidieron salir asaltando casas", ha puntualizado el también consejero de Gobernación, que ha asegurado que a juicio de Asuntos Sociales no existe ninguna persona o familia de las desahuciadas en situación de "desamparo".
El juez que ordenó la medida cautelar de desalojo libró, de hecho, en paralelo un oficio a los Servicios Sociales de la Ciudad para que diesen cuenta "de la situación de desvalimiento y desamparo en que se podrían quedar los ocupantes de las citadas viviendas a consecuencia del desalojo ordenado".
Hachuel ha defendido que la intervención policial se hizo "con pulcritud y de forma proporcional y limpia por los agentes intervenientes según orden judicial" y ha recordado que "es gracias al esfuerzo de todos los ceutíes por lo que actualmente no hay nadie esta ciudad que carezca de un techo, mejor o peor según sus condiciones particulares pero con acceso a ayudas sociales, al alquiler o al alojamiento alternativo si es preciso".
Con respecto a las consecuencias que traerá el asalto para los okupas al margen de un posible procedimiento penal por usurpación, el consejero ha señalado que el Gobierno de Ceuta intentará "por todas las vías legales a nuestro alcance" conocer las identidades de todos los asaltantes, actualmente en poder de la Justicia, "para actuar en consecuencia, siempre conforme a Derecho y analizando caso por caso".
"Las cosas que se leen sobre que se han vendido viviendas asaltadas por entre 3.000 y 24.000 euros, que algunas personas han ocupado varias casas o que algunos okupas vinieron de Marruecos solo exacerban el enfado de los ceutíes con derechos y necesidades", ha justificado el proceder del Ejecutivo local, que pudo con sus propios medios filiar a catorce personas y quitarles a dos de ellas sendas ayudas al alquiler y para la compra de electrodomésticos de las que eran beneficiarias.
