MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El último borrador de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, contempla la creación de la Agencia Estatal de Investigación como agente de financiación del sistema pero establece que su creación no podrá suponer aumento del gasto público y no se financiará con créditos del presupuesto financiero del Estado, salvo en los casos y con los límites que se establezcan mediante los Presupuestos Generales del Estado.
El texto, con fecha 22 de febero y 76 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge esta Agencia como uno de los dos agentes financiadores del sistema, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) orientado a gestionar programas liderados por empresas de forma prioritaria; y la Agencia Estatal de Investigación, de nueva creación, y orientada prioritariamente al impulso de la investigación científica y técnica.
Por otro lado, la norma da una 'vacatio legis' de un año para que sea de aplicación la modalidad de contratación predoctoral que acabará con las becas de investigación. Es decir, que una vez entre en vigor la norma, todavía se mantendrán los becarios de investigación durante el año siguiente.
Igualmente, la ley habilita al Gobierno a dedicar dos años a elaborar el Estatuto del Investigador predoctoral en formación, que sustituirá al actual Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) y que deberá incluir las prescripciones recogidas en la legislación sobre el contrato predoctoral.
Es más, la futura ley establece que para las convocatorias de ayudas al personal investigador en formación que se encuentren en ejecución a la entrada en vigor de la norma, se continuará utilizando la situación jurídica de beca durante los dos primeros años desde la concesión de la ayuda, y para la situación jurídica de contrato la modalidad de contrato de trabajo en prácticas, según lo establecido en la normativa actual.
En este sentido, en la fase del contrato predoctoral, la futura ley indica que cuando el investigador sea una persona con discapacidad el contrato podrá exceder en dos años el periodo máximo de cuatro años previsto para esta modalidad, teniendo en cuenta el tipo o grado de discapacidad y las características de la actividad investigadora.
Por otro lado, el texto establece que las nuevas modalidades de contrato serán también de aplicación a universidades privadas y de la Iglesia Católica, así como a otras entidades privadas sin ánimo de lucro, cuando sean beneficiarias de ayudas o subvenciones públicas que incluyan en su objeto la contratación de personal investigador.
JOVEN EMPRESA INNOVADORA
Además, el Ministerio de Ciencia e Innovación deberá aprobar en el plazo de un año el estatuto de la joven empresa innovadora, que otorgará a aquellas de menos de seis años con gastos en I+D+i que representen un quince por ciento del total de la empresa durante los dos ejercicios anteriores, que también hayan constatado el desarrollo en el futuro de productos tecnológicamente novedosos, entre otros aspectos.
Finalmente, el Ejecutivo tendrá un año desde la entrada en vigor de la norma para reorganizar los organismos públicos de investigación. El Ministerio de Ciencia debatirá este martes el borrador de la Ley de Ciencia con los sindicatos y con los portavoces parlamentarios de la Comisión de Ciencia e Innovación; mientras que el jueves, lo hará con las comunidades autónomas.
