VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Provincial de Valencia ha detectado residuos tóxicos de amianto abandonados en diferentes terrenos de tres municipios de la provincia --Buñol, Torres Torres y Vilamarxant-- y ha solicitado a los ayuntamientos que reclamen a sus propietarios su retirada. Así mismo, pide a la Conselleria de Medio Ambiente que abra un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental.
Así consta en varios escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press. Respecto a los ayuntamientos afectados, la sección de lo Contencioso de la Fiscalía les reclama que incoen un procedimiento de seguridad y salubridad urbanística por incumplimiento del deber legal de mantener los terrenos, construcciones y edificios en condiciones de seguridad y salubridad.
En concreto, en el primer caso, en el de Buñol, el ministerio público alude a unos terrenos ubicados en la calle Godelleta en los que el Grupo de Medio Ambiente-Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunitat ha detectado restos de edificación y material de construcción en estado de abandono y ruinoso con gran acopio de fibrocemento fragmentado. Esto conlleva la presencia de fibras respirables de amianto susceptibles de afectar a quienes transiten por los terrenos o sus inmediaciones.
Según un informe emitido por el Laboratoio de Ecotoxicología del Instituto de Medicina Legal de València (IMLV), las estructuras de fibrocemento constituyen un residuo peculiar que cuando está fragmentado o en mal estado pasa a considerarse friable, es decir, susceptible de descomponerse, fomentando la liberación de fibras de asbesto --amianto--.
Algunos efectos de la exposición al asbesto por inhalación son asbestosis, placas, engrosamientos y derrames pleurales, cáncer de pulmón, cáncer de laringe y otros tumores malignos. El amianto ha sido clasificado como carcinogénico en seres humanos, recoge el mismo informe.
Con estas conclusiones, el fiscal reclama al consistorio de Buñol que abra un procedimiento de Seguridad respecto de los propietarios de los terrenos afectados y que les ordene retirar estos residuos peligrosos por y a un centro o gestor autorizado.
Al respecto, se vuelve a referir al informe del IMLV y advierte de que la retirada de materiales de amianto con riesgo necesita ser realizada por una empresa especializada, a la mayor brevedad posible, acreditando analíticamente con posterioridad la eficaz descontaminación de los terrenos previo a cualquier uso.
En caso de que los propietarios de los terrenos incumplan injustificadamente el requerimiento del consistorio, el ministerio público insta a una ejecución subsidiaria y a su costa, tal y como contempla la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat.
En cuanto a Torres Torres, se trata de unos terrenos localizados en un polígono en los que hay depositados acopios abandonados de fibrocemento fragmentado. Se trata del mismo peligro que existe en Buñol y el fiscal pide que se retire este material. Respecto a Vilamarxant, en el escrito del ministerio público se concreta que se trata de unos terrenos ubicados en otro polígono y se exigen las mismas medidas por la toxicidad.
PROCEDIMIENTO DE CONSELLERIA
Junto a estos requerimientos a los ayuntamientos, Fiscalía ha remitido varios escritos a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural en los que insta a abrir un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental por estos vertidos en Buñol, Vilamarxant y Torres Torres.
Les indica que el expediente debe abrirse a los propietarios de estos terrenos y les insta a que definan las medidas de reparación y prevención de nuevos daños acompañadas, en su caso, de las instrucciones oportunas sobre su correcta ejecución y plazo de realización. Al respecto, la Fiscalía propone como medidas la retirada y entrega de los residuos peligrosos por un centro gestor autorizado.
En caso de que los responsables de los terrenos incumplan lo requerido, desde el ministerio público se insta a la conselleria a que realice una ejecución forzosa de la resolución administrativa que se dicte con imposición de multas coercitivas en caso de retraso, así como recuperación de costes por parte de la misma.
