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MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha subrayado que si no hay un informe de los expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que diga "categóricamente" que reanudar la actividad en el almacén de gas de Castor, frente a las costas de Castellón, no tendrá ningún riesgo para la población, no se inyectará más gas.
"La inversión es muy costosa y muy elevada, pero la primera consideración a tener en cuenta por el Gobierno es la seguridad", ha señalado Soria, quién ha indicado que hasta que no haya "un informe que diga categóricamente que no hay ningún riesgo" no se tomará una decisión.
Durante los desayunos informativos de Europa Press, el ministro ha insistido en que habrá que esperar a tener el informe completo del IGME, organismo dependiente de la cartera de Economía y Competitividad, para tomar una decisión en torno al posible cierre del proyecto de almacén de gas de Castor, a 22 kilómetros frente a las costas de Vinaròs (Castellón).
A este respecto, ha recordado que para este informe se ha contado con la opinión de expertos fuera de la Administración, y que Castor seguirá cerrado hasta que la seguridad no esté garantizada.
El informe que espera el Gobierno, según Soria, deberá determinar por qué se han producido determinados movimientos sísmicos, no todos, porque los técnicos ya contaban con que cuando se inyecta gas colchón se producen movimientos en torno a los 1,5 o hasta 3 en la escala de Ricther, por lo que estos están dentro de la "normalidad".
Sin embargo, a finales de septiembre se registró un movimientos sísmico de 3,5 magnitud Richter, por lo que el Gobierno suspendió la actividad y, una vez parada, el 1 de octubre se produjo otro seísmo de 4,6 magnitud Richter. Estos son los que ha sentido la población, según ha recordado el ministro, porque hay un "consenso general" de que hasta magnitud 3 pueden deberse a las inyecciones. Precisamente, el esperado informe explicará el origen de los superiores a esa magnitud.
El Ministerio de Industria puso en marcha un grupo de trabajo interministerial para coordinar las actuaciones de los distintos ministerios implicados, así como otro grupo de trabajo técnico, integrado por expertos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Geológico Minero Español (IGME).
Por otro lado, el ministro ha reconocido que desconoce el coste que supondría suspender definitivamente el proyecto, y ha explicado que hace un año el gobierno solicitó al tribunal Supremo que suspendiera una cláusula del contrato de la empresa con el Estado porque consideraban que la retribución era abusiva.
Recientemente, según la explicación de Soria, el TS ha declarado la "no abusividad" de tal cláusula pero, al mismo tiempo, ha dicho que si se demostrara dolo o negligencia por parte de la empresa, no cabría indemnización.
ACCIDENTE EN LA MINA
Por otro lado, respecto al accidente minero que se produjo hace dos semanas en León, en el que fallecieron seis mineros, Soria ha asegurado que en términos de legislación en materia de minas, España cuenta con una normativa "exigente" y que está en la media o por encima de la media de la Unión Europea.
No obstante, ha añadido que este accidente, por su naturaleza, "debe ser motivo de reflexión" para ver sus causas y qué ha podido fallar, al tiempo que ha recordado que en este caso las competencias son de la comunidad autónoma de Castilla y León.
De este modo, ha precisado que técnicos de la Dirección General de Minas de esta comunidad autónoma han entrado en el pozo para determinar las causas del suceso, pero, de momento, no hay un informe concluyente, aunque todo apunta a que un escape de gas produjo la muerte a los mineros, no tanto por asfixia sino por la quema del oxígeno en el escape.
