Popular estima en 11 millones el impacto mensual de la supresión de las 'cláusulas suelo' de sus hipotecas

Banco Popular
EUROPA PRESS/BANCO POPULAR
Actualizado: miércoles, 26 junio 2013 21:49

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Banco Popular estima que la eliminación de las 'cláusulas suelo' de sus contratos hipotecarios podría tener un impacto mensual de 11 millones de euros en el momento presente, una cifra que en meses sucesivos dependería de la evolución del Euríbor a un año.

El Banco de España ha remitido este miércoles una carta a las asociaciones profesionales del sector bancario (AEB, CECA y UNACC) en la que les solicita que trasladen a sus respectivos asociados la necesidad de revisar la adecuación de las cláusulas suelo.

Las entidades tendrán de plazo hasta el próximo 31 de julio para comunicar al supervisor las conclusiones de la evaluación y revisión de las 'cláusulas suelo' en sus carteras de préstamos hipotecarios a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo que exigía una serie de requisitos de transparencia, así como el impacto que pudiera tener sobre sus resultados una eventual eliminación de estas condiciones.

Fuentes de la entidad que preside Ángel Ron han explicado a Europa Press que el banco comparte la idea que traslada el supervisor sobre la necesidad de comercializar de forma transparente todos los contratos hipotecarios, incluyendo la 'cláusula suelo'.

Así, han indicado que la revisión de estos contratos en el seno de la entidad es una "práctica habitual" y han adelantado que esta tarea se realizará "con más intensidad si cabe" tras las indicaciones del Banco de España y la sentencia del Tribunal Supremo al respecto. "Banco Popular está siempre a disposición de los reguladores para actuar de la manera que se acuerde", han apuntado las citadas fuentes.

En la misiva, el Banco de España señala además que las entidades deberán "extremar la atención" a la hora de comercializar los préstamos hipotecarios que incorporen este tipo de cláusulas, siguiendo los requerimientos de información en la normativa vigente sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, así como los criterios establecidos por la sentencia del Supremo.