MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) presentó hoy un documento en el que propone una reforma a fondo del régimen español de operaciones vinculadas y los precios de transferencia para evitar la pérdida de competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y facilitar el establecimiento de grupos internacionales.
El presidente de la organización, López Hermoso, explicó en rueda de prensa que la legislación vigente desvirtúa el objetivo de impedir los desplazamientos patrimoniales de grandes multinacionales entre distintas haciendas y que resulta "parca, incompleta, parcial, ilegal e, incluso, inconstitucional". Además, aseguró que existe una casuística muy elevada --con un gran número obstáculos-- a la que no pueden hacer frente las pymes, más si cabe en el escenario económico actual.
Según la AEDAF, la reestructuración debe adaptarse a las directrices de la OCDE y la Administración Tributaria ya no tiene la posibilidad de esgrimir, contra las propuestas, la vulneración del derecho comunitario, a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo de 21 de enero de 2010.
La reforma engloba tres ámbitos de actuación: las obligaciones de documentación, el régimen sancionador y el ajuste secundario.
Respecto a la documentación, AEDAF incidió en la necesidad de recortar los requisitos, que implican un enorme coste de oportunidad y de tiempo a las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, propuso asumir el concepto europeo de pyme (compañía con un volumen de negocio anual inferior a 50 millones de euros y una plantilla que no supera los 250 trabajadores), limitar el perímetro de vinculación y acotar las obligaciones a las transacciones internacionales.
En cuanto al régimen sancionador, la asociación de asesores fiscales subrayó que la preparación de los papeles no supone un fin en sí mismo, sino únicamente un instrumento para evaluar la política de precios de transferencia, por lo que planteó "eximir de sanción a las irregularidades formales que finalmente no den lugar a ajustes de valoración".
Para ilustrar este caso, AEDAF abundó en que una operación a mercado, correcta en su totalidad, puede llegar a ser penalizada con sanciones de hasta 60.000 euros por documentación escasa o defectuosa.
Y, finalmente, la legislación actual relativa al ajuste secundario también mereció la crítica de la organización. Los ponentes afirmaron que ningún país de la UE impone un ajuste automático y que se suele permitir al contribuyente que lo evite mediante la entrega de la cantidad correspondiente.
La presentación permitió también a la asociación tildar de insuficiente la proposición no de Ley de CIU que insta al Gobierno a liberar de la obligación de documentación a las operaciones vinculadas cuyo importe conjunto no supere los 100.000 euros. Al mismo tiempo, AEDAf manifestó que el anteproyecto de Ley de la Economía sostenible constituye una gran oportunidad para revisar el régimen y adaptarlo a sus justos términos.
