MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Secretaría de Estado de la Seguridad Social aseguró hoy que la resolución publicada el pasado 3 de julio sobre la reordenación del sector de las mutuas de accidentes de trabajo "aumenta los fondos destinados a la prevención de riesgos laborales", en contra de algunas críticas procedentes del ámbitos sindical.
Según aclaró en un comunicado, dicha resolución recoge una "reordenación y racionalización" de los fondos aplicables en esta materia para optimizar la rentabilidad social de los mismos.
Así, precisó que la variación del límite máximo que las mutuas aportan de su presupuesto como entidades colaboradoras de la Seguridad Social a prevención, que pasa del 1% al 0,5%, "no significa una reducción de los fondos destinados a este fin".
Según desglosó Trabajo, para este año, la Seguridad Social ha aportado recursos al Instituto Nacional de Salud e Higiene en el trabajo (INSHT) para la prevención superiores al ejercicio anterior en un millón de euros, 19 millones de euros adicionales a la Fundación para la prevención de riesgos laborales, y ha firmado diversos convenios de colaboración con universidades y centros de investigación sobre prevención.
Además, está previsto establecer incentivos a las actuaciones que realicen las empresas en prevención por encima de lo legalmente exigible, continúa la Secretaría para justificar a renglón seguido que, además, "la actuación directa de las mutuas como entidades colaboradoras de la Seguridad Social es residual desde el año 2006, con la entrada en vigor del Real Decreto 688/2005".
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la que se habilitaba a las mutuas a actuar eventualmente como servicios de prevención para sus empresas asociadas, condujo a la segregación de sus actividades.
Esta norma desligaba su actividad de prevención de riesgos laborales como servicio privado de su servicio público como entidad colaboradora de la Seguridad Social. Además, separaba la financiación de ambas tareas para evitar que la Seguridad Social costeara la actividad privada y distorsionara la libre competencia en el ámbito de los servicios de prevención.
