MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, aplaude el proyecto de ley de Mutuas porque, a su entender, resuelve alguna de las principales deficiencias que, sistemáticamente, se habían detectado en los diferentes informes de fiscalización, aunque también reconoce que "no se agotan las recomendaciones" que se han ido planteando año tras año.
Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso, en la que ha intervenido junto con otros agentes como sindicatos o asociaciones empresariales para informar sobre el proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Álvarez de Miranda, que ve "oportuna" la ley dado que las mutuas "se financian y gestionan fondos públicos", ha reconocido que permitirá "resolver algunas cuestiones mencionadas por el Tribunal de Cuentas en sus fiscalizaciones y que requieren de una legislación sistemática y coherente".
CONTROL DE LOS SALARIOS
En particular, se ha referido a la "mejora" que el proyecto introduce en relación con el control de las retribuciones y las indemnizaciones por despido y cese de los directivos y ejecutivos de las mutuas, que hace este régimen "más claro y objetivo", lo que permitirá "evitar incrementos salariales difícilmente justificables" en el ámbito de las retribuciones públicas.
También considera mejor el nuevo régimen de responsabilidades de los altos cargos --que incluye la responsabilidad subsidiaria de la mutua en caso de insolvencia--, así como el sistema de prohibiciones e incompatibilidades, que evitará el riesgo de que recursos de las mutuas se utilicen para aprovechamiento propio, si bien ha recordado que el organismo fiscalizador ya advirtió de "múltiples incumplimientos de este régimen sin que hubiera lugar a la incoación de ningún expediente".
La fijación de límites a las reservas constituye, cree Álvarez de Miranda, "un avance significativo" ya que permitirá que "no crezcan indefinidamente y puedan destinarse los excedentes a nutrir los distintos fondos de la Seguridad Social".
"Pero el proyecto de ley no agota todas las recomendaciones de los informes del Tribunal", ha señalado el presidente a renglón seguido, recordando que sería procedente regular también que la contratación del personal de las mutuas "deba efectuarse con sujeción a los principios de igualdad, mérito y capacidad", como en las administraciones públicas.
Asimismo, Álvarez de Miranda ha recomendado que se preste "especial atención" a que las mutuas no celebren un "volumen excesivo" de contratos con "empresas asociadas o personas físicas o jurídicas vinculadas" con ellas, porque eso "iría en contra de la libre concurrencia".
Finalmente, ha asegurado que el Tribunal de Cuentas seguirá ejerciendo su función fiscalizadora sobre las mutuas, y que no renuncia a incluir en futuros programas el análisis de otros asuntos "relevantes" que se puedan derivar de la aplicación de la propia ley que sea aprobada por las Cortes.
"Existía un déficit de control tanto en la contratación como en la gestión de las actividades de las mutuas, lo hemos dicho en diferentes informes. Y con este proyecto de ley hay situaciones que quedan resueltas o que, al menos, tienen un principio de solución en esta ley. Hay puntos en los que el proyecto avanza en el control, y hay otros que quedan por hacer", ha zanjado.
PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS
En un documento preparado por el Tribunal de Cuentas se recuerda que el informe de fiscalización de las mutuas de 2009 detectó el "incumplimiento generalizado" de los principios de objetividad y transparencia, la no concurrencia y publicidad en la contratación, y posibles pagos indebidos por parte de cinco entidades. Además, se detectaron retribuciones superiores a lo establecido para los altos cargos de la Administración y cláusulas abusivas o contrarias al ordenamiento jurídico en los contratos de alta dirección.
Posteriormente, en los ejercicios 2010, 2011 y 2012, el Tribunal detectó pagos duplicados a favor de trabajadores que estaban cobrando a la vez prestaciones por desempleo y prestaciones por incapacidad temporal. Y en este mismo ejercicio el informe de fiscalización ha recogido "numerosas deficiencias y multitud de errores en los procedimientos de transmisión de los partes de alta y baja".
