MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE realizará esta semana una ofensiva parlamentaria en contra de la desigualdad laboral de los trabajadores de las empresas subcontratadas, con varias preguntas sobre este tema en la sesión de control al Gobierno del miércoles y una proposición de ley que se debatirá en el Pleno del Congreso el martes.
En plena polémica por las condiciones laborales de los subcontratados de multinacionales como Telefónica-Movistar, actualmente en huelga, los socialistas quieren poner este asunto en el centro del debate político.
Por eso, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pedirá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su valoración sobre la desigualdad del mercado de trabajo, y posteriormente sus compañeros de escaño Patricia Blanquer y Miguel Ángel Heredia preguntarán a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sobre aspectos más concretos del problema.
En particular, la portavoz socialista de Industria quiere saber si el Gobierno tiene intención de establecer "garantías" para evitar "situaciones de desigualdad" en las condiciones laborales de los trabajadores de empresas con servicios externalizados, mientras que el secretario general del Grupo Socialista le pedirá un balance de la reforma laboral, que a juicio de la oposición ha profundizado en la precariedad en el empleo.
GARANTIZAR LAS MISMAS CONDICIONES
Un día antes de la sesión de control al Gobierno, el martes, los socialistas defenderán ante el Pleno de la Cámara Baja una proposición de ley para garantizar que los trabajadores de las empresas subcontratadas gozan de las mismas condiciones laborales (salarios, horarios, derechos de maternidad o lactancia y protección ante los riesgos laborales, entre otros) de la empresa principal.
En la iniciativa, que recoge Europa Press, se propone modificar el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores en lo relativo a la subcontratación de obras y servicios correspondientes a la misma actividad.
Y es que los socialistas defienden la subcontratación porque permite un mayor grado de especialización, un mejor y más frecuente uso de los medios técnicos, más inversión en nueva tecnología, mayor participación de las pymes y una mayor eficiencia empresarial.
No obstante, creen que la generalización de la subcontratación en ciertos sectores de la economía, como el de servicios, obliga a regular jurídicamente la contratación y subcontratación de la propia actividad empresarial para establecer "garantías" para los trabajadores, en aras a evitar la competencia desleal "basada en la degradación de las condiciones laborales y en la rebaja de la calidad" de los servicios y para asegurar que los trabajadores de un mismo sector "tengan garantizado el mismo salario y las mismas condiciones" laborales.
PRIMERA PROPUESTA REGULADORA
Es por ello que el principal partido de la oposición presenta una primera propuesta normativa, que usa como referentes la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, de 2006, y la Ley que regula las empresas de trabajo temporal (ETT), modificada por última vez en 1999, para reformar el Estatuto de los Trabajadores.
"El objetivo es garantizar que los trabajadores que son subcontratados para realizar servicios comprendidos dentro de la propia actividad del empresario principal tengan las mismas condiciones que tendrían de ser contratados directamente por éste", explica la iniciativa, insistiendo en que la finalidad última es "evitar el agravio comparativo y la desigualdad".
Y, para conseguirlo, se propone obligar a los empresarios que subcontraten servicios que se corresponden con su actividad principal, incluyendo la aportación de mano de obra, a garantizar a dichos empleados que durante el tiempo que dure dicha relación contractual sus condiciones laborales y de empleo "esenciales" serán las previstas en el convenio colectivo de aplicación o, en su caso, las que "tendrían si fueran trabajadores contratados directamente por el empresario principal".
Entre las condiciones "esenciales", el PSOE menciona expresamente las remuneraciones, la cuantía salarial, las condiciones de contratación, el tiempo de trabajo y descanso, la igualdad y la protección de la maternidad, lactancia y paternidad, y frente a riesgos laborales.
