MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer, considera que "sin lugar a dudas" se va a imponer una multa a la Administración española por "mala regulación" en la adaptación de la normativa de comercio minorista a la Directiva de Servicios.
"El procedimiento de imputación de responsabilidad a la comunidad infractora en caso de sanción comunitaria y la compensación de deudas resultante no es sino el reconocimiento implícito de que el ejercicio de transposición es incompleto y facilita el fraude de ley", sostiene Berenguer en un artículo de opinión publicado hoy en 'Expansión'.
A su juicio, es "irrelevante" cuál sea la Administración que haga frente a las multas y eventuales reclamaciones por daños y perjuicios, porque, "en último término, serán los ciudadanos los defraudados".
"Primero como consumidores, al ver restringidas sus posibilidades de elección, y luego como contribuyentes, al utilizar sus impuestos para atender las responsabilidades de las administraciones", agrega.
PRECIOS MÁS CAROS.
En este sentido, el presidente de la CNC hace hincapié en la "gran paradoja" que supone que los consumidores "pagan por partida doble: por un lado, la multa que sin lugar a dudas se va a imponer por una mala regulación y luego, todos los días, pagando precios más caros. Y todo ello con la pretensión de proteger al pequeño comercio".
Berenguer subraya que "al pequeño comercio se le protege con otras medidas" y califica de "inútil" tratar de poner inconvenientes a la instalación de grandes superficies, dado que se benefician otros formatos como las grandes cadenas de supermercados. Además, considera que "a pesar de todo este mal entendido proteccionismo, el pequeño comercio sigue desapareciendo".
En su análisis de la reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, aprobada por el Congreso el pasado 18 de febrero, Berenguer incide en que la norma estatal se aprobó con más de un mes de retraso respecto de la mayoría de las leyes autonómicas ya en vigor.
Según indica, la CNC aprecia que algunas de sus preocupaciones se solucionan en el texto legal, pero "los aspectos más importantes no han encontrado el mismo eco".
ACCIÓN INTERVENCIONISTA.
Berenguer señala que la nueva formulación "resultará insuficiente para eliminar los principales riesgos del sistema de segundas licencias" y advierte de que sólo la Comunidad de Madrid ha decidido eliminar "de pleno" este régimen, mientras que el resto de autonomías han optado por "aprovechar los márgenes de acción intervencionista que permite la norma".
"El resultado de esta mala norma no es otro que la pervivencia generalizada del régimen de las segundas licencias, basculando su justificación desde los motivos estrictamente económicos --que no eran otros que la protección del comercio tradicional-- hacia los criterios no económicos, sean éstos medioambientales, urbanísticos, conservacionistas o de ordenación del territorio", apunta.
Tras señalar que tanto la legislación sectorial como el sistema municipal de licencias ya garantizan la protección de dichos intereses generales sin necesidad de establecer una licencia comercial, Berenguer recalca que "si las nuevas licencias comerciales se solapan con los instrumentos normativos existentes, se perpetuaría una traba administrativa contraria a la Directiva por innecesaria".
