De Guindos informará el martes de los cambios que se adoptarán para cumplir el fallo europeo sobre desahucios

Stop Desahucios en Granada
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 8 julio 2015 5:05

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aprovechará su comparecencia del próximo martes, 29 de julio, sobre la coyuntura económica general para avanzar los cambios que se adoptarán para cumplir el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en contra de la normativa antidesahucios española por considerar que no garantiza los derechos de los consumidores.

Durante la Diputación Permanente del Congreso --el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no hábiles--, el portavoz 'popular' de Vivienda, Pablo Matos, ha informado de que De Guindos aprovechará su comparecencia ante la Comisión Economía, ya programada a petición del ministro, para informar tanto sobre la actualidad económica como sobre el fallo del TJUE.

No obstante, Matos ha respondido a las críticas de los socialistas sobre las insuficiencias de la actual normativa recordándoles que en la materia concreta de protección a los consumidores y su derecho a recurrir en las mismas condiciones que tienen los acreedores el PSOE presentó enmiendas "exactamente iguales" a las que propusieron tanto el Gobierno como el PP.

SENTENCIA IMPORTANTE

De hecho, antes de escuchar al responsable 'popular' los diferentes portavoces de la oposición habían apelado a la buena disposición que De Guindos siempre tiene a la hora de acudir al Congreso y a su segura voluntad de atender las preguntas de los grupos sobre este tema para emplazar al PP a votar a favor de las solicitudes de comparecencia, registradas tanto por el PSOE como por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Grupo Mixto.

En este sentido, el portavoz socialista de Economía, Valeriano Gómez, ha subrayado la importancia del fallo del TJUE, que "afecta al núcleo fundamental de la legislación" antidesahucios y que obliga a España a "equilibrar derechos entre el deudor y el acreedor" porque "no es posible impedir, como sucede actualmente, que un juez pueda paralizar la ejecución de un desahucio" porque eso "viola los derechos" comunitarios.

"Guindos no se esconde del Parlamento, suele comparecer con habitualidad, no tenemos ninguna queja, y lo hace dentro de muy pocos días. Así que sería un buen momento para que también informe sobre este tema, que es fundamental porque el número de desahucios está siendo todavía muy importante y porque la ley, por desgracia, no está cumpliendo con sus objetivos", ha añadido, entonando en cualquier caso el 'mea culpa' socialista, a sabiendas de que la actuación en esta materia "ha sido muy insuficiente tanto por el Gobierno actual como por el anterior".

ES "URGENTE" TOMAR MEDIDAS

También el presidente de la Izquierda Plural, Cayo Lara, cree que es "urgente" tomar medidas para cumplir la sentencia y dar "una solución rápida" al problema detectado por el TJUE, que señala que la normativa española "deja en inferioridad de condiciones a las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias frente a las entidades financieras".

Rafael Larreina, de Amaiur, por su parte, ha coincidido en que hay que dar "respuesta con prontitud" a esta sentencia judicial, que rechaza la "doble vara de medir" que el Gobierno usa para la banca y para los ciudadanos "que sufren a esa banca".

También el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, considera "lamentable" que pese a que el tema de los desahucios es uno de los que más tiempo de debate parlamentario ha consumido sea también uno de los que "peor se ha resuelto" por culpa de la "cerrazón" del Gobierno.

Por último, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha resaltado que la sentencia del TJUE es una "buena noticia para todos" y ha exigido que tenga "una plasmación jurídica lo antes posible".

El fallo del Tribunal de Justicia de la UE, del pasado 17 de julio, resuelve una cuestión de prejudicialidad planteada por la Audiencia Provincial de Castellón en relación con la Ley Antidesahucios, y resuelve que conculca los derechos de los consumidores el que las entidades financieras tengan derecho a recurrir un fallo contrario a sus intereses pero los ciudadanos no puedan hacerlo en igualdad de condiciones.