MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular (PP) quiere que el Gobierno de Mariano Rajoy acometa una reforma de la actual Ley de Subvenciones con el objeto de suprimir con carácter general las subvenciones nominativas y de aumentar la transparencia en su concesión. Éstos son dos de los puntos de la proposición no de ley (PNL) que los 'populares' han registrado en el Congreso de los Diputados, a la que tuvo acceso Europa Press.
Pero, además, la iniciativa también persigue mejorar la evaluación del impacto de los fondos públicos empleados, definir criterios homogéneos en el otorgamiento de subvenciones y que la aplicación de las mismas se ajuste a las directrices de la política presupuestaria.
En su exposición de motivos, el grupo que capitanea Alfonso Alonso justifica la presentación de esta propuesta teniendo en la actual coyuntura económica, marcada por un "elevado" desempleo y unas cuentas públicas "no saneadas".
AUSTERIDAD Y RIGOR
Este contexto, defiende el PP, se requiere la adopción de medidas de consolidación fiscal que permitan reactivar la creación de empleo y la economía productiva, lo que exige un proceso de "austeridad
y rigor", así como un "profundo" análisis para evitar que el dinero público, "que es de todos", sea maximizado en orden a garantizar un uso "responsable".
"La moderna Europa del siglo XXI, que busca regirse por los principios de la gobernanza y la transparencia, intrínsecamente relacionados con el buen gobierno, exige que los responsables políticos y los gestores públicos hagan un uso responsable para evitar que puedan asumir compromisos de gasto sin respaldo presupuestario", aducen los 'populares'.
En su texto, el PP explica que, con arreglo a la Ley, las subvenciones nominativas son aquéllas que están previstas en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades Locales y aquéllas cuya concesión o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal.
También se incluyen, con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o nominativo u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública y aquellas que podrán otorgarse en determinados supuestos a la cooperación internacional.
