MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer declararon este miércoles ante el tribunal que todas las decisiones sobre el presunto plan de la carta falsa urdido en 2003 para conseguir la revisión de la condena por estafa en el 'caso Urbanor' las tomaron sus abogados, Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, también imputados.
Durante su declaración como acusados, 'los Albertos' negaron haber tenido contacto directo alguno con los presuntos autores de la carta falsa y acusados, los hermanos Javier y José María Arnáiz y la documentalista Glória Álvarez, pero reconocieron que encargaron a sus abogados investigar sobre el ofrecimiento de pruebas por parte de los Arnáiz que podrían eximirles de la condena, así como haber estado informados en todo momento a través de los letrados.
Ambos, que no quisieron contestar a las preguntas de las acusaciones particulares de sus antiguos socios, Pedro Sentieri y Julio San Martín, explicaron que no tuvieron conocimiento del contenido de la carta donde Sentieri le ordenaba a San Martín que ocultara al tribunal que iba a juzgar el 'caso Urbanor' la existencia de dos precios distintos por los terrenos donde se sitúan las torres KIO hasta después del 9 de abril de 2003.
La documentalista denunció ese día ante la Fiscalía General del Estado la aparición de la carta en su buzón de parte de una fuente anónima. Cortina afirmó conocer ya en marzo de 2003 una posible relación entre Álvarez y los Arnáiz, mientras que Alcocer declaró no haberlos relacionado. Álvarez ya contactó con el abogado de 'los Albertos' en Urbanor, Antonio Hernéndez-Gil, en 2001 para ofrecerles una posible prueba.
INTERMEDIACIÓN DE FLORENTINO PÉREZ
'Los Albertos' relataron cómo el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, fue la persona que les puso en contacto con los hermanos Arnáiz al remitirles una carta enviada por José María Arnáiz el 15 de marzo de 2003 en la que le pedía su intermediación para hacerles llegar a los empresarios una prueba que les podría exculpar.
Asimismo, los acusados explicaron que Hermosilla fue el que decidió la firma por separado, así como todo el contenido del contrato suscrito ante notario el 27 de marzo de 2003, entre 'los Albertos' y los hermanos Arnáiz, en el que los empresarios se comprometían a pagar 4,5 millones de euros, correspondientes al 20% de la indemnización por el 'caso Urbanor', en caso de absolución, por la búsqueda de pruebas exculpatorias.
'Los Albertos' añadieron que la decision de presentar todos los faxes intercambiados entre Hermosilla y los Arnáiz ante el Juzgado de Instrucción número 11, después de transcurrido más de un año de investigación, fue de Peláez, que asumió el caso de manos de Hermosilla en enero de 2004.
Los dos empresarios se enfrentan a penas de entre cinco y ocho años de prisión por delitos de falsificación de documento privado, estafa procesal y denuncia falsa solicitadas por las acusaciones particulares. El Ministerio Fiscal no les acusa pero no se opuso a las peticiones de las acusaciones particulares.
