MADRID, 6 Ago. (EDIZIONES) -
Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores de fútbol más famosos y ricos del mundo, ha ocupado durante los últimos días más portadas de las que acostumbra. Más allá de copar las primeras planas de la prensa deportiva o la del corazón, el jugador del Real Madrid ha sido el protagonista de las páginas de la prensa generalista tras haber acudido a declarar al juzgado número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) como investigado por un supuesto fraude a la Hacienda Pública.
La Fiscalía ha denunciado a Cristiano Ronaldo en relación a un supuesto fraude fiscal que el jugador portugués supuestamente habría cometido entre los años 2011 y 2014. En concreto, el deportista está acusado de cometer cuatro delitos fiscales en el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR), que suman un total de 14,7 millones de euros que, presuntamente, habría defraudado a la Hacienda Pública española.
El portugués, según detallan desde el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, tras su llegada a España se habría acogido a la conocida como 'Ley Beckham', lo que le permitía tributar por el IRNR a un tipo fijo del 24% durante 2010 y durante los cinco períodos siguientes, es decir, de 2010 a 2015. Además esta ley le permitía tributar únicamente por la renta obtenida en España y no hacerlo por la percibida de otros países y tampoco estaba obligado a presentar la declaración de bienes en el extranjero.
En sus declaraciones de la renta el jugador declaró al fisco que había obtenido en España 14,9 millones, una cifra que, según el cálculo de Gestha, correspondería al 20% de los 74,8 millones de euros que el jugador del Real Madrid habría ingresado entre 2009 y 2014.
Ante estos datos, según expresa el sindicato de técnicos, Hacienda entiende que otros 32 millones de euros que ingresó Ronaldo entre 2011 y 2013 "se obtuvieron realmente dentro de España". Además Gestha añade que el jugador "ya ha ingresado otros 75 millones de euros" en el periodo 2015-2020, por los que "declaró únicamente el 15%".
EL FUTBOLISTA NIEGA QUE HAYA HABIDO OCULTACIÓN
Ronaldo, según apuntan fuentes cercanas al jugador, aseguró ante la jueza Mónica Gómez Ferrer que nunca ha ocultado ingresos en sus declaraciones de impuestos. "La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos porque se los hemos entregado", explicó el madridista, que puntualizó que jamás ha "ocultado nada" ni ha tenido "intención de evadir impuestos".
El entorno de Cristiano, en un comunicado entregado a la prensa tras su declaración en el juzgado nº1 de Pozuelo, hace hincapié en que desde 2015 el jugador ha cedido sus derechos de imagen a un tercero independiente pagando sus impuestos por ello, algo que aseguran, le convierte en uno de los contribuyentes individuales que más paga en todo el país.
Según los asesores del portugués, la fiscalía española mantiene dos diferencias con las declaraciones presentadas. La primera hace referencia a la cuantificación de la parte de lo cobrado por la cesión de sus derechos de imagen que debe considerarse obtenida en España. Al respecto Hacienda considera que las rentas a declarar no se derivan de la cesión de la imagen del jugador sino de su actividad económica, lo que les lleva a considerar obtenido en el país un importe muy superior.
El otro punto de discordancia hace referencia al momento en el que debieron declararse los cobros por los derechos de imagen del jugador obtenidos en los años 2011, 2012 y 2013. Según sus asesores, Cristiano declaró estas ganancias una sola vez, en el ejercicio de 2014, algo que apuntan, choca con la visión de Hacienda, que aseguran, considera que debieron declararse año a año.
PRISIÓN Y MULTA SI SE LE CONSIDERA CULPABLE
De ser declarado culpable, los cuatro presuntos delitos fiscales podrían costarle al propietario de cuatro balones de oro una pena mínima de siete años de prisión y 28 millones de euros de multa, según las estimaciones de los técnicos de Hacienda.
No obstante, desde Gestha añaden que el juez podría aplicar la atenuante de regulación extemporánea, introducida en el Código Penal en 2013, y reducir la pena a la mitad o a la cuarta parte de cada delito fiscal, en caso de que el jugador los reconozca y pague las cuotas presuntamente defraudadas, los intereses y las multas en un plazo máximo de dos meses.
