MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar los datos ofrecidos por el FEGA, en el año 2017, ha destacado que se han presentado 134.900 menos solicitudes de Política Agrícola Común (PAC) que las tramitadas en 2014, con carácter previo a la entrada en vigor de la anterior reforma, según ha informado en un comunicado.
En concreto, la organización agraria, una vez analizados los datos de evolución de perceptores de ayudas PAC de las últimas campañas, considera que la mayor parte de la reducción de entre 2014 y 2017, de un 15,3% de los beneficiarios, se debe a la elevación de 100 a 300 euros del tope mínimo de ayudas a percibir.
Unión de Uniones cree que el Departamento ha permitido que se considere activo a cualquiera que pudiera acreditar la responsabilidad empresarial de la explotación, sin considerar su vinculación profesional a la actividad agraria. No obstante, tanto desde Agricultura, como desde las consejerías de Agricultura de algunas comunidades autónomas han pivotado sobre dicha definición la reducción de beneficiarios al, presumiblemente, acabar con los 'agricultores de sofá'.
La reforma de la PAC decidida por el Ministerio estableció también la elevación en dos campañas del importe mínimo necesario para cobrar la ayuda PAC, de manera que en 2015 era de 100 euros y en 2017 y siguientes es de 300 euros. Este incremento del mínimo es el que ha ocasionado la expulsión de las ayudas directas de la mayor parte de los beneficiarios que han salido del sistema en estas últimas campañas, según explica la organización agraria.
En 2015 había en España 116.620 beneficiarios del régimen de pago único que cobraban entre 100 y 300 euros que constituirían el grueso de los agricultores que ya no aparecerían en el listado de beneficiarios. "Aunque la cantidad no es exactamente comparable, el régimen de pago único suponía el 80% de los pagos directos, por lo que se trata de una aproximación bastante fiable, aunque no tiene en consideración las ayudas acopladas y otros regímenes de ayuda que también computan para el límite mínimo de pago", han indicado desde Unión de Uniones.
Unión de Uniones, que ha defendido en todo momento la aplicación de una definición de agricultor activo mucho "más rigurosa y cercana" al profesional agrario, cree que ni el Ministerio, ni las regiones se han preocupado de concentrar las ayudas en los verdaderos activos agrarios, sino, simplemente, de "quitarse carga de trabajo" dejando sin ayudas a más decenas de miles de pequeños agricultores, muchos de ellos profesionales.
