CASTELLÓN, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los diez acusados del incendio que se declaró en agosto de 2007 en la comarca castellonense de l'Alcalatén, que afectó a una superficie de 5.775,03 hectáreas de matorral, cultivo y arbolado y a 1.706,69 hectáreas de terrenos no forestales, han aceptado este lunes en la primera sesión del juicio una condena de un año y seis meses de prisión, además de multas que oscilan entre 1.350 y 2.250 euros tras alcanzar una sentencia de conformidad las distintas partes.
Así, la sentencia que ha dictado el juez 'in voce' condena a los acusados por un delito de incendio forestal por imprudencia grave y reduce la pena con respecto a la petición inicial de dos años y seis meses de prisión que reclamaba la Fiscalía.
Según reproduce la sentencia, el incendio se produjo el 28 de agosto de 2007 cuando cuatro de los acusados, empleados de una empresa de montajes eléctricos contratada por Iberdrola para realizar la reforma de la línea áerea de media tensión Adzaneta-Alcora, se personaron en una partida de la localidad de Les Useres para trabajar en una torre de media tensión, propiedad de la eléctrica.
Sobre las 12.30 horas, momento en que la temperatura ascendía a 31 grados, con una humedad relativa del 11 por ciento y un viento de 220 grados componente sur-suroeste y 20 kilómetros por hora de velocidad, lo que determinaba una probabilidad de ignición del 90 por ciento, los empleados estaban trabajando en la torre de media tensión en terreno forestal y, omitiendo cualquier cautela, procedieron al desmontaje de una pieza con una radial.
Estas labores fueran desarrolladas sin ningún tipo de defensa para evitar proyecciones incandescentes, sin proteger la zona próxima con lona ignífuga o mampara opacas y sin mediar desbroce del área, por lo que saltaron chispas a la vegetación, que desencadenaron el fuego.
MEDIOS INSUFICIENTES
Así mismo, la sentencia señala que los medios de extinción utilizados fueron insuficientes, lo que determinó que se agotaran al primer intento de control de las llamas, que se propagaron por los municipios de las Useres, Costur, Adzeneta, Lucena del Cid, Alcora y Figueroles.
Además, han sido condenados el representante legal de la mercantil contratada por Iberdrola --por no facilitar los medios necesarios para los trabajos--, así como el jefe de obra y el autor del proyecto de la reforma de la línea aérea --por omitir cualquier control sobre la ejecución de los trabajos--.
Finalmente, la sentencia señala que las obras comenzaron en 2006 por parte de Iberdrola y la empresa contratada sin la solicitud de autorización previa dirigida a la Dirección Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, que hubiera determinado las cautelas a adoptar en el desarrollo de los trabajos, y condena también a tres empleados de la compañía eléctrica.
El juicio continuará este miércoles para dirimir la responsabilidad civil, cuestión sobre la que no se ha podido alcanzar un acuerdo a pesar de que Iberdrola y el resto de empresas a las que se atribuye responsabilidad en el incendio han elevado de 600.000 a 1.500.000 euros la indemnización a los particulares afectados, según ha explicado a los medios el portavoz de la Asociación de Damnificados por el incendio de l'Alcalatén, Pedro Gozalbo, cifra que no considera que sea "ni justa, ni digna".
En el proceso aparecen como afectados 57 particulares englobados en la Asociación de Damnificados, que solicitan cuatro millones de euros de indemnización, más otros que no están localizados o que han renunciado verbalmente, pero no de forma oficial. La Fiscalía todavía no ha cuantificado las indemnizaciones que solicitará.
COMPENSACIÓN
Pedro Golzalbo ha explicado que se reclama compensación para 2.800.000 metros cuadrados de propiedad privada y 151 parcelas. Así mismo, ha explicado que solicitan 12 millones de euros para ayudar a repoblar la zona quemada, "o que el juez condene directamente a Iberdrola a repoblar y, si es posible, que se cree una escuela medioambiental".
El representante del colectivo de damnificados ha lamentado que los ayuntamientos de los municipios afectados no estén presenten en el juicio. "Han cobrado 300.000 euros para dedicarlos a más toros y a más baile este año y no han invertido ni un euro en limpiar la zona, ni en recuperar absolutamente nada en siete años y medio", ha dicho.
Así mismo, ha criticado que no haya comparecido el abogado de la Generalitat valenciana, actitud que ha calificado de "lamentable", pues "la administración tenía que estar aquí defendiendo a nivel local, provincial y de la Generalitat a los ciudadanos de la comarca, y con estas actitudes de abandono lo único que hacen es ganarse una vez más la duda, sino el desprecio, de los administrados".
