SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción ha denunciado públicamente que hay "infractores y delincuentes urbanísticos", algunos organizados, como la asociación 'Save Our Homes Axarquia' (SOHA), que están "negociando" con PP, PSOE y Ciudadanos una "amnistía total de sus viviendas ilegalmente construidas", e incluso reformas en el Código Penal y en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para blindarles de toda acción judicial y dar carta de normalidad "a este tipo de delitos urbanísticos".
En una nota de prensa, la organización ecologista ha expuesto que estos "especuladores urbanísticos" obtuvieron su "primera victoria" en el Senado, al lograr que se introdujera una modificación en el apartado 3 del artículo 319 del Código Penal, con el objetivo de retrasar la demolición de las viviendas ilegales hasta que no sean indemnizados.
Se trata, para Ecologistas, de "paños calientes" que vienen a constituir otro nuevo aliciente para la construcción ilegal. El siguiente paso --prosiguen-- se obtuvo en la pasada legislatura con la "promesa" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de modificar la LOUA para que se acojan al principio de prescripción las subparcelaciones realizadas en suelo no urbanizable con fines comerciales.
"Esta reforma finalmente no se ha realizado porque se disolvió antes el Parlamento andaluz, pero es evidente que está en cartera", ha criticado Ecologistas, para quien "hacer que no prescriba este tipo de delitos, los más perniciosos y más atractivos para la especulación urbanística, es el máximo desatino que se puede cometer".
ARMA DEVASTADORA PARA EL MEDIO AMBIENTE
La organización ecologista mantiene que el discurso de la regularización de las viviendas ilegales "es un arma política devastadora para el medio ambiente y el paisaje, así como para la política social, al favorecer unas formas constructivas que fomentan la insolidaridad y descohesión social". También lo es "para el propio estado de derecho al que desarbola en su núcleo más ejemplar, los jueces, fiscales, policía, políticos y ciudadanos cumplidores de las leyes, que son mayoría, constituyendo un escándalo de enormes proporciones".
Además, exponen que las "reiteradas concesiones a los incumplidores, lejos de satisfacer las peticiones, aumentan las reivindicaciones en favor de nuevas flexibilidades", como, según sus palabras, es el caso de SOHA que "ya no se contenta con normalizar las viviendas de los compradores de buena fe, sino dar carta de normalidad a la construcción de viviendas en el campo".
Así, la organización concluye señalando que "la solución a los problemas de la viviendas ilegales no se combate flexibilizando leyes sino con una política decidida de contención y prevención de nuevas construcciones y con políticas de gestión que incluyan las demoliciones que sean necesarias".
"Es altamente escandaloso que la Junta de Andalucía solo haya efectuado una media de 4,3 derribos al año. De 5.438 casos investigados en los últimos años, sólo se han demolido 26 inmuebles, un 0,47 por ciento de los casos, un verdadero escándalo por el efecto llamada que esto tiene", han expuesto.
