LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado un escrito de acusación contra 16 personas y la empresa BTL Lanzarote S.L. por el denominado 'Caso Stratvs', relacionado con la autorización y construcción de un macrocomplejo con instalaciones de naturaleza industrial y turística en uno de los lugares con mayor protección de la isla de Lanzarote, el Espacio Natural Protegido de La Geria, al margen de toda la normativa urbanística en vigor.
La Fiscalía ha presentado el escrito de acusación tras unos dos años de duración, formulando acusación contra el promotor de la obra, Juan Francisco Rosa Marrero, el arquitecto que diseñó y dirigió el proyecto, así como la citada empresa, sociedad explotadora de Stratvs, además de contra funcionarios y cargos públicos de las tres Administraciones implicadas, tales como son el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza, por delitos relacionados con la corrupción urbanística.
En concreto, los delitos de los que se les acusa están relacionado con las corrupción urbanística al haber otorgado permisos a sabiendas de su "flagrante" ilegalidad y al no adoptar medidas de control "pese a que lo construido y la actividad desarrollada tampoco se ajustó a lo que ilegítimamente" se había autorizado.
En este sentido, la Fiscalía ha informado, en un comunicado, que las autorizaciones, otorgadas "contraviniendo" la normativa en vigor, permitieron la restauración de una vivienda antigua de valor etnográfico y la construcción de un almacén-bodega subterráneo, de 900 metros cuadrados, pero lo que se llevó a cabo fue derribar la vivienda, así como la construcción de un macrocomplejo, de unos 12.000 metros cuadrados en una superficie de más de 9.000 metros cuadrados de espacio protegido, que incluyen una bodega industrial, un restaurante, cocinas, una tienda-cafetería, varias terrazas, amurallamientos y otras instalaciones.
Asimismo, se considera que se alteró de "forma irreversible" uno de los elementos "más claramente diferenciados" de este espacio protegido, como era el 'Barranco del Obispo', excavando al menos 44.000 metros cúbicos, con la consiguiente extracción de piedra, tierra y rofe, recurso éste último no renovable y que forma parte de los elementos a proteger en La Geria.
En su escrito de acusación, el fiscal de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Ignacio Stampa, resalta que las administraciones públicas, que debían velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental, "no pusieron traba alguna a los desmanes urbanísticos y especulativos del empresario, ni a su afán de lucro, a costa de atentar gravemente contra el medio ambiente insular en perjuicio de todos" los ciudadanos.
Añade que tras la exhaustiva investigación llevada a cabo por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, en la que ha participado otros organismos, la Fiscalía concluye que además de la "ilegalidad" de las autorizaciones y el carácter ilegalizable de las construcciones, la actividad del complejo 'Stratvs' ha provocado un "grave riesgo" para el equilibrio del Espacio Protegido e incluso para la salud de las personas, a la vista de los parámetros de contaminación que arrojan los vertidos procedentes de las instalaciones, ya que "únicamente puso freno" a la contaminación el Juzgado de Instrucción al clausurar cautelarmente el complejo ante la permisividad de las autoridades municipales e insulares competentes.
Por otro lado, la Fiscalía también destaca el "cúmulo de falsedades" documentales llevadas a cabo por el empresario Juan Francisco Rosa Marrero para "satisfacer sus intereses", que comprenden tanto la simulación de los datos de los proyectos presentados, como el falseamiento de escrituras públicas para obtener financiación en al menos cuatro millones de euros, así como la apariencia jurídica de ostentar la titularidad del terreno sobre el que se asienta 'Stratvs', y que no le pertenece.
La Fiscalía formula acusación contra 16 personas y una empresa por delitos contra la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente, falsedad documental, usurpación de bien inmueble, hurto de bienes de valor histórico, estafa, tráfico de influencias, prevaricación urbanística y prevaricación medioambiental.
Por último, la Fiscalía de Medio Ambiente también reclama la demolición del macrocomplejo Stratvs, así como la clausura definitiva de la actividad, además de la nulidad de todas las licencias y permisos que se concedieron, las escrituras públicas e inscripciones registrales practicadas con relación al complejo 'Stratvs'.
