MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad ha recibido el visto bueno de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Senado con los votos en exclusiva del Grupo Parlamentario Popular, que envía el informe de la ponencia al Pleno del próximo día 8 de septiembre, tras rechazar 6 propuestas de veto, sin introducir ninguna modificación respecto del texto que fue aprobado en el Congreso y sin aceptar ninguna de las 185 enmiendas presentadas por los grupos.
Se da un paso más en la aprobación de este proyecto de ley que los grupos de la oposición consideran innecesario, pues opinan que habría sido más conveniente desarrollar el articulado pendiente de impulso de ley de 2007 en lugar de crear una nueva norma que además, a su juicio, invade competencias y tiene un afán "recentralizador". Si no se admiten enmiendas en el Pleno, no tendrá que volver al Congreso y podrá publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
"Pasamos de una ley más o menos buena y consensuada a unas modificaciones prácticamente puntuales y concretas que en algunos casos vienen impuestas por cosas que han pasado desde 2007 en legislación europea y el funcionamiento de otras, como las reservas de la biosfera o la Red Natura 2000. No estamos cargándonos la ley de 2007 sino haciendo modificaciones puntuales que ustedes no tienen por qué compartir pero que no merecen el catastrofismo", ha defendido la senadora del PP, Juana Francisca Pons.
Para el socialista Gregorio Molina, "no hay ni demanda social ni del sector" para una ley que va a "dejar indefenso al medio ambiente" porque la propuesta, que se impulsa a pocas semanas de que acabe la legislatura, crea "una maraña de desvío de responsabilidades para que nadie las asuma" y "no pone ni siquiera plazos". "Es innecesaria, contradictoria contra la proipia política del Gobierno porque decrecen los presupuestos destinados al medio ambiente, para lavar al afachada y que nadie reclama", ha afirmado en la defensa de su veto.
Desde la Entesa, Joan Saura ha incidido en que con la nueva ley, el Gobierno central "se arroga la competencia de coordinación, que es la de dirigir" y aunque "hay un aspecto importante que es el registro del catastro, no hay nada más" salvo "recentralización", motivo por el que pedía la devolución al Congreso. "Si no es por quedarse competencias no se entiende esta ley. Es taponar el desarrollo y aplicación de la ley de 2007", ha sentenciado.
El portavoz del Grupo Mixto Jesús Enrique Iglesias (IU) se ha expresado en sentido similar. Su propuesta de veto incidía en que la norma "otorga al Ministerio de defensa potestades que hasta ahora no tenía, y se incluyen entre los objetivos de los planes de gestión de la Red Natura las actividades económicas, cuando se deberían centrar en la conservación". "De nuevo se lleva a cabo una recentralización de competencias, esta vez en la gestión del medio marino", asegura.
El veto planteado por Esther Capella, de ERC, iba en el mismo sentido y tachaba el proyecto de "descarada e inaceptable invasión de las competencias autonómicas en favor de una recentralización estatal" y no tiene dotación presupuestaria ni puede suponer incremento de gasto público.
El portavoz de CiU, Pere Maluquer, ha puesto el acento en que la norma "no respeta las competencias" autonómicas y eso ya la hace merecedora de veto. Ha pedido respeto a las comunidades autónomas para trabajar los contenidos que debe tener la normativa y que así el proyecto tenga el respaldo "de todo el entramado de la administración" para que pueda ser efectivo.
El PNV, por su parte, no había presentado vetos y se ha abstenido en la votación de los demás esperando poder negociar alguna enmienda con el Grupo Popular. Sus propuestas de modificación, como las del resto de los grupos, quedan vivas así hasta el Pleno, donde volverán a defenderse y serán sometidas a votación.
