MADRID, 15 Sep. (Paula San Pedro, responsable de Incidencia Política para Acción Humanitaria de Oxfam Intermón) -
Es indudable que estamos presenciando la mayor crisis de desplazamiento jamás registrada en la historia. Más de 65 millones de personas huyen de sus casas por el conflicto, 20 millones lo hicieron a lo largo de 2015 por los desastres naturales y 224 millones han emigrado buscando un futuro más próspero. Familias enteras que se enfrentan a la desesperación de encontrar un nuevo sitio donde volver a reemprender sus vidas, gente que busca la seguridad que han perdido, adultos y niños que ya no pueden vivir de su tierra y que cuya única esperanza es otro destino. Este es el resultado del aumento sin tregua del número de guerras, de las devastadores consecuencias del cambio climático y de la imparable inequidad que asola este momento. No es mera casualidad. La inacción de los gobiernos, su pasividad, incluso su proactividad nos ha dejado un mundo cada vez más violento, más inseguro y más desigual.
España también juega un papel clave en este contexto. Y lo hace desde su política nacional, europea e internacional. Lamentablemente, los resultados que arroja el análisis de su respuesta a esta crisis son poco más que ínfimos.
Uno de los mecanismos que existen para asegurar que los refugiados no tienen que arriesgar su vida para llegar a un lugar seguro son las llamadas "vías legales y seguras". En este concepto se incluyen medidas como el reasentamiento y la reubicación, la reunificación familiar, los visados humanitarios o los visados para estudiantes. El número de personas que han llegado a España por esta vía en estos dos últimos años ilustra la pobre e insolidaria respuesta del Gobierno; sólo ha acogido a 474 personas, cifra que representa menos del 3% de sus compromisos.
España tiene capacidad, además, para ofrecer su apoyo a las personas desplazadas en distintos lugares del mundo a través de la ayuda humanitaria. Esta es en muchas ocasiones la única vía que tienen para recibir asistencia y protección. Pero mientras que las necesidades humanitarias mundiales han ido creciendo ante el aumento de crisis, España ha ido a contracorriente recortando esta partida hasta un 67% desde 2011. El presupuesto para 2016 de la Oficina de Acción Humanitaria (órgano responsable de gestionar estos fondos), es de poco más de 16 millones de euros. Este dinero alcanza a cubrir menos del uno por mil de las necesidades humanitarias. Ni una gota en el océano.
Y otra de las posibilidades de acción es que nuestro país tiene capacidad para promover los intereses de los desplazados en varios de los foros en los que participa. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que es miembro no permanente, el Gobierno no ha empujado esta agenda. Esto demuestra su miopía ante las graves implicaciones que tiene el desplazamiento masivo en la paz y seguridad mundial, uno de los principales objetivos por los que debe velar este órgano. En la Unión Europea, nuestro país pasó de ser uno los opositores a las cuotas obligatorias de reubicación a avalar el Acuerdo UE- Turquía, a pesar de que haciéndolo contravenía la decisión del Parlamento.
Este acuerdo con Turquía y otros que le han precedido han estado inspirados en el modelo español de control migratorio que inició hace diez años. Este es el modelo de las vallas, de las cuchillas, de los centros de internamiento, de las devoluciones en caliente, de los acuerdos de readmisión con terceros países. Todas estas medidas han logrado su objetivo: frenar la llegada de los migrantes y refugiados. En 2016, solo un 1% de los que llegaron a Europa lo hicieron por nuestras fronteras, a pesar de ser la única vía terrestre que une el viejo continente con África. La huella del modelo español se puede ver ahora en las vallas con la que varios socios europeos han optado por adornar sus fronteras o en la puesta en marcha de un mecanismo con el que la UE pretende externalizar fronteras a cambio de importantes desembolsos a países africanos. Lamentablemente, este modelo de gestión migratoria ha levantado la voz de alarma de las organizaciones, de la Defensora del Pueblo, del Consejo Europeo de Derechos Humanos y de Naciones Unidas que lejos de vitorear el cierre del paso de los migrantes han denunciado las prácticas llevadas a cabo por España.
En este contexto, España va acudir a la primera Cumbre sobre Migración y Refugio de Naciones Unidas y a la Cumbre de Líderes sobre los Refugiados auspiciada por Barack Obama que se celebran en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana.
España no puede seguir dando la espalda a los derechos de los migrantes y refugiados, ni incumpliendo sus compromisos. La magnitud de esta crisis obliga al Gobierno a dar un giro radical en su política migratoria y asumir la responsabilidad que le corresponde. Esperemos que estas Cumbres supongan un punto de inflexión en su política migratoria y dejen atrás un pasado tan miope como vergonzante.
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