El documento establecerá las líneas prioritarias para ampliar el sistema, con especial atención a los colectivos más vulnerables
SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación del Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía, que establecerá las líneas prioritarias de la política autonómica en esta materia.
El texto, que deberá ser aprobado en un plazo de 18 meses, abarcará cinco años prorrogables por dos. Entre otros contenidos, impulsará desarrollo de una estrategia de ética y otra de calidad para el sistema público; fijará las líneas de coordinación administrativa y participación de la sociedad, y elaborará un diagnóstico de los recursos existentes y su grado de cobertura de las necesidades, con especial atención a las necesidades de los grupos más vulnerables y a las situaciones de dependencia y de riesgo y de exclusión.
Para la elaboración del documento se constituirá un grupo coordinador integrado por representantes de todos los centros directivos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que será el encargado de redactar la propuesta inicial. Este borrador se trasladará a los restantes departamentos del Gobierno andaluz y a las entidades locales, los proveedores de servicios, la iniciativa social y las organizaciones profesionales.
El texto resultante se someterá a información pública por un período mínimo de un mes. Una vez estudiadas las alegaciones y aportaciones, el Consejo de Servicios Sociales de Andalucía deberá emitir un informe preceptivo sobre el plan, que finalmente aprobará el Consejo de Gobierno. Una vez en vigor, será objeto de revisiones anuales cuyos resultados se incluirán en informes públicos centrados en los aspectos que deben mejorarse en función de la evolución de las necesidades.
Según el acuerdo de formulación aprobado este martes, el plan se configurará como un elemento centro de las políticas sociales en Andalucía, junto al Mapa de Servicios Sociales y el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales. Este último instrumento, previsto en la legislación autonómica sobre la materia aprobada en 2016, garantizará una oferta que tendrá la consideración de derecho subjetivo, exigible ante los tribunales de justicia.
Formarán parte de este catálogo y, por tanto, de las prioridades del plan, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; los programas de intervención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección y amparo de las víctimas de violencia de género y trata, y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada.
Andalucía es actualmente la comunidad que más contribuye al mantenimiento de los servicios sociales comunitarios que se desarrollan en los municipios, con más del 46 por ciento del total, frente a la media del 26 por ciento y al recorte acumulado del 68 por ciento durante los últimos cinco años en la financiación del Gobierno de España.
