Abren expediente sancionador por pesca ilegal a propietarios de dos buques vinculados con Galicia

El buque vinculado con pesca ilegal 'Tchaw'
CCAMLR
Publicado: miércoles, 2 agosto 2017 11:34

Se enfrentan a multas de hasta 600.000 euros y a la inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras

MADRID / SANTIAGO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha iniciado un expediente sancionador frente a nueve personas físicas y tres personas jurídicas, todos de nacionalidad española, con el objeto de depurar las responsabilidades en relación con su participación en la propiedad, gestión y explotación de los buques 'Thunder' y 'Tchaw'.

En concreto, estos buques han sido identificados, por diversos organismos internacionales, como implicados en Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (Pesca INDNR).

De acuerdo con la legislación española, estos hechos se encuentran tipificados como infracción muy grave, pudiendo llevar aparejadas multas de entre 60.001 euros y 600.000 euros, así como la inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras y la prohibición de obtener cualquier tipo de ayuda pública.

El 'Thunder' ha tenido pabellones en el pasado de empresas de Combarro (Pontevedra) o Ribeira (A Coruña), así como de países como Panamá, Seychelles y Nigeria, según la lista negra de barcos de pesca ilegal de la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida (CCAMLR). Por su parte, el 'Tchaw' ha tenido propietarios situados en Togo, Belize y Seychelles, entre otros.

Este expediente sancionador es consecuencia de la 'Operación Sparrow 2', desarrollada por los servicios de inspección de la Secretaría General de Pesca, en cuyo marco se inspeccionaron las sedes de varias empresas en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense los días 28, 29 y 30 de julio de 2015.

Agricultura ha recordado que gracias a estas actuaciones, se obtuvo numerosa documentación relativa a los buques 'Viking', 'Seabull 22', 'Thunder' y 'Tchaw', todos ellos incluidos en la lista comunitaria de buques implicados en pesca INDNR.

En relación con los buques 'Viking' y 'Seabull 22', se tramitó un expediente, cuya resolución puso de manifiesto la existencia de un entramado empresarial que tenía por finalidad la gestión y explotación de los buques, mediante el uso de sociedades pantalla no comunitarias para evitar que las autoridades pesqueras españolas descubrieran los hechos.

Se sancionó a seis personas físicas y seis jurídicas con multas de 5,2 millones de euros, a las que se unieron las sanciones de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras que van entre los cinco y los 14 años, y la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas que van entre los cinco y los 12 años. Además, se sancionó también a una de las personas físicas implicadas por obstrucción a las labores de inspección y destrucción de documentos, con una multa de 60.000 euros.

En cuanto a los buques 'Thunder' y 'Tchaw', sobre los que ha iniciado el expediente sancionador, ambos se encuentran incluidos desde 2010 en la lista de implicados en pesca INDNR.

Para dificultar el seguimiento de su actividad, estos buques han operado con otros diversos nombres, resultando esencial para su identificación sus números IMO. Así, el buque 'Tchaw' también ha operado con los nombres 'Rex', 'Condor', 'Inca', 'Cisne Azul', 'Pescamex IV', 'Pescamex III', 'Arosa Cuarto' y 'Pescacisne', mientras que el buque 'Thunder' ha empleado 'Batu I', 'Raz', 'Ming Nº.5', 'Thunder', 'Wuhan Nº 4', 'Kuko', 'Typhoon', 'Range', 'Rubin', 'Artic Ranger' y 'Vesturvon'.

MULTA POR 18 MILLONES EN LA 'SPARROW 1'

El departamento ha subrayado que este nuevo expediente sancionador pone de manifiesto la "firme voluntad de España" de luchar contra la pesca ilegal, mediante el control de los buques de bandera española, sus aguas, sus puertos y las importaciones de productos de la pesca procedentes de terceros países.

De esta forma, se sigue la senda marcada con la 'Operación Sparrow 1', que desembocó en un expediente sancionador por el que el ministerio impuso sanciones por valor de 17,8 millones de euros, así como inhabilitaciones para el ejercicio de actividades pesqueras de entre cinco y los 23 años.

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