WASHINGTON, 17 Ene. (Por Belkis Wille, investigadora sobre Irak de la división de Oriente Próximo y Norte de África en Human Rights Watch) -
A medida que la operación para recuperar Mosul de manos de Estado Islámico continúa, se está discutiendo sobre la reconciliación entre los chiíes y los suníes de Irak, algunos de los cuales han sido vistos como partidarios del grupo terrorista.
Figuras locales e internacionales por igual son conscientes de los retos por delante. Aquellos en torno a la reconciliación se han vuelto aún más difíciles por las recientes decisiones tomadas por algunos responsables iraquíes que violan los derechos básicos.
En julio de 2016, el consejo provincial de Babilonia aprobó un decreto llamando a las autoridades a demoler las viviendas de cualquiera que se demostrara que había participado en actividades terroristas, deportar a sus familias de la provincia y autorizar procedimientos legales contra las familias que se demostrara que habían "ocultado" a sus relativos relacionados con Estado Islámico.
En agosto, el consejo provincial de Saladino aprobó un decreto similar, afirmando que cualquiera que se demostrara que había sido cómplice o estado afiliado a Estado Islámico no tiene derecho a volver a la provincia. El decreto establece un comité para incautarse de las propiedades de los vinculados con Estado Islámico y suspender sus tarjetas de provisiones así como las de sus familias. Aquellas familias que maten o entreguen a sus familiares afiliados a Estado Islámico serán exentas.
CASTIGADOS SIN HABER COMETIDO UN CRIMEN
Los problemas con estos decretos son múltiples. ¿Serán procesadas las personas? ¿Cómo de duro será el castigo para niños o familiares lejanos? Como mínimo, algunas personas podrían ser penalizadas sin haber cometido nunca un crimen.
Es cierto que no he hablado aún con familias que se hayan visto afectadas por estos decretos y las autoridades locales aún no las han aplicado.
Pero he entrevistado a personas de Saladino que están desplazadas y que viven en campamentos. Están muy preocupados por si se les permitirá volver a casa y qué les ocurrirá si no pueden.
Las familias de Anbar se enfrentan a dificultades similares, ya que en julio, líderes tribales dijeron que las personas que "promovieron" a Estado Islámico no tienen permiso para volver hasta que sus cargos sean revisados. A las personas que no renunciaron a sus parientes que apoyaron a Estado Islámico solo se les permite volver a casa "cuando esta situación estabilice". Nadie sabe cuándo será.
En los territorios disputados entre el centro de Irak y la región del Kurdistán iraquí --en lo que parece un castigo colectivo, un crimen de guerra--, hemos visto a las fuerzas militares del Gobierno regional kurdo demoler localidades enteras, desplazando a los residentes que consideran simpatizantes o miembros de Estado Islámico.
Es un estándar internacional básico que el castigo por crímenes solo debería ser impuesto contra aquellas personas responsables de los crímenes, después de un juicio justo para determinar la culpabilidad individual. Imponer castigos colectivos sobre familias, localidades, o comunidades enteras está estrictamente prohibido y puede en sí mismo ser un crimen, especialmente si tiene como resultado el desplazamiento forzoso.
La reconciliación requiere que las comunidades den la bienvenida a las personas de vuelta y construir puentes con otras comunidades. Las políticas que hacen lo contrario están en desacuerdo con la reconstrucción de la confianza y el entendimiento. Uno tiene que preguntarse por qué las autoridades iraquíes están persiguiendo estas medidas.
