Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 11/06/2010 06:01
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pidió este jueves en un acto político que se ofrezca un mayor número de garantías jurídicas a los miembros de las Fuerzas Armadas un día después de que fuera condenado a 30 años de prisión el oficial que en 1985 dirigió la liberación del Palacio de Justicia de Bogotá, tomado por guerrilleros del Movimiento 19 de abril, en la que murieron 55 personas y desaparecieron de forma poco clara 11 más, que habrían sido presuntamente ejecutadas por el Ejército.
"El Gobierno invita a los órganos del Estado y a todos los colombianos a pensar en una legislación que rodee de garantías a las Fuerzas Armadas, en el marco de su debida eficacia y absoluto respeto a los Derechos Humanos", afirmó Uribe flanqueado por el ministro de Defensa del país, Gabriel Silva, y el comandante del Ejército, el general Freddy Padilla de León.
"Una nueva legislación debe ser rigurosa en la exigencia de probar el dolo para asignar responsabilidad a coautores mediatos tanto por acción como por omisión; también como elemento esencial del concierto para delinquir", añadió el presidente colombiano en declaraciones recogidas por Caracol Radio.
Uribe sostuvo además que el enjuiciamiento de miembros de las fuerzas de seguridad no es el camino para resarcir a los familiares de los fallecidos durante la liberación del Palacio de Justicia hace ya 25 años.
"La manera de apoyar a las víctimas del Palacio de Justicia no es creando víctimas en miembros de las Fuerzas Armadas", afirmó Uribe, que mostró su apoyo a todos los uniformados que participaron en dicho asalto.
Uribe, además, afirmó que la pena de 30 años de prisión contra Alfonso Plazas, el oficial encargado de dirigir la liberación del Palacio de Justicia de Bogotá "genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargadas de dar seguridad a los colombianos.
También defendió "el patriotismo y la transparencia" del ex presidente del país, Belisario Betancourt, al que la juez sugirió investigar en su sentencia de este miércoles por su responsabilidad en los hechos, y a las cúpulas policial y militar de la época, a las que desde entonces se ha venido acusando de no hacer nada pese a tener claros indicios de que se avecinaba un asalto guerrillero contra el edificio judicial.