ADDIS ABEBA, 23 Ene. (Reuters/EP) -
La embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, ha urgido este sábado a los líderes africanos a "trabajar entre bambalinas" para lograr que el Gobierno de Burundi acepte el despliegue de tropas internacionales ante el repunte de violencia que experimenta el país.
"Además de la reunión del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (AU)(el próximo fin de semana) para aceptar el despliegue, necesitaremos que los líderes trabajen entre bambalinas para convencer al Gobierno de Burundi", ha señalado Power tras la reunión entre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la AU.
Así, a pesar del rechazo de Burundi, Power ha señalado que "no he tenido el sentimiento de que los países africanos aquí reunidos vayan a tomar su negativa como respuesta final". Ha añadido además que espera que los miembros del consejo de la AU ayuden a convencer a los líderes africanos de aceptar su propuesta de desplegar 5.000 efectivos en el país.
"El Gobierno de Burundi debe entender que consentir tropas africanas es su mejor baza para controlar sus fronteras, desarmar a los grupos ajenos a las fuerzas de seguridad tradicionales y estabilizar la situación actual", ha sentenciado Power.
Por su parte, el viceembajador ruso en la ONU, Peter Ilichev, ha señalado que la situación en Burundi parecía estar mejorando pero no hasta el punto donde "podamos pasarla a un segundo plano". "Para nosotros sería muy difícil oponernos a cualquier resolución de la AU ya que siempre hemos mantenido que debería haber soluciones africanas a problemas africanos", ha afirmado.
"No hay pruebas de genocidio, pero sí existe el potencial para que ocurra uno (...) aunque no hay una amenaza inminente en este sentido", ha valorado Ilichev. El viceembajador ya se pronunció sobre la crisis este viernes, cuando señaló que el país necesita soluciones para aumentar su calidad democrática y no un despliegue de tropas.
El país africano está envuelto en una crisis política desde que el presidente, Pierre Nkurunzia, decidiera presentarse a un controvertido tercer mandato, algo que la oposición criticó como inconstitucional. Desde entonces, y según datos de la ONU, han muerto al menos 439 personas y unas 220.000 han huido a países vecinos, aunque las cifras podrían ser mayores.
La oposición aseguró que su reelección violaba los términos del acuerdo de paz que se firmó en 2005 tras doce años de guerra civil. Este acuerdo de paz incluía reformas en el Ejército, que había absorbido a la facción rebelde, de mayoría hutu.
El Gobierno insiste en que no hay preferencias étnicas, pero sus oponentes aseguran que los distritos de Buyumbura en donde viven la mayoría de los tutsi, que también fueron un semillero de protestas contra Nkurunziza el año pasado, han sido objeto de varios ataques.
