PEKÍN, 29 Ene. (Reuters/EP) -
El Gobierno de China ha advertido de que el riesgo de atentado islamista y de acciones separatistas en la provincia de Xinjiang, situada en el extremo occidental del país y con mayoría de población musulmana, sigue siendo alto, por lo que considera necesario prolongar la campaña de seguridad impuesta en 2017, según ha informado la prensa estatal.
El Gobierno chino sostiene que Xinjiang se enfrenta a una amenaza grave procedente de radicales islamistas separatistas que tienen como objetivo aumentar las tensiones entre los uigures --que son minoría en el país pero que representan la mayoría en la región-- y los han, que son la etnia mayoritaria en China.
A lo largo de 2017, el Gobierno chino puso en marcha operaciones policiales masivas y nuevas medidas de lucha en materia de lucha antiterrorista y vigilancia, creando nuevas comisarías en ciudades y pueblos.
Sin embargo, las medidas de seguridad no han sido suficientes para estabilizar de Xinjiang en 2017, según las conclusiones de un informe presentado por el gobernador de la región, Shorat Zakir, en una reunión gubernamental el 22 de enero y del que se ha hecho eco el diario oficial de Xinjiang.
"No ha habido un cambio sustancial en la situación de Xinjiang con las actividades terroristas habituales, lucha intensa contras los separatistas y con las dificultades de la intervención", señala el documento de Zakir. El gobernador aseguró que la paz y la estabilidad a largo plazo en Xinjiang debe ser el objetivo principal del Gobierno regional durante el "periodo crítico" de los próximos cinco años.
Para llegar a conseguir este objetivo, Zakir declaró que Pekín reforzará sus operaciones especiales en la zona, como las relacionadas con garantizar la seguridad de áreas clave y la "normalización" de las medidas preventivas en la sociedad.
China defiende que algunos de los milicianos islamistas separatistas de Xinjiang tienen relación con otros grupos radicales extranjeros. Defensores de los Derechos Humanos y exiliados de la minoría uigur defienden, sin embargo, que la violencia es el resultado de la frustración de los uigures por los controles chinos sobre su religión y su cultura. El Ejecutivo de Pekín niega que esté reprimiendo a la comunidad uigur y defiende su campaña contra los milicianos islamistas.
