NUEVA YORK, 8 Jul. (Reuters/EP) -
El fiscal general del estado de Hawái ha presentado un nuevo recurso judicial contra el veto migratorio aprobado por decreto del presidente Donald Trump en esta ocasión para que los familiares de residentes en Estados Unidos puedan ingresar en el país aunque procedan de los seis países de mayoría musulmana señalados en la orden presidencial.
Las últimas sentencias apuntan a que los recursos presentados hasta ahora han utilizado un planteamiento procedimental erróneo, por lo que ahora Hawái pide de nuevo la suspensión con una nueva fórmula.
El pasado 26 de junio, el Tribunal Supremo anunció que admite a trámite el recurso presentado por la Administración del presidente Donald Trump contra la suspensión judicial del veto migratorio. Así, el Supremo restaura partes del veto migratorio y para refugiados y basándose en este dictamen, la Administración Trump ordenó que familiares en primer grado y prometidos o prometidas podrían solicitar el ingreso, pero los abuelos y otros familiares quedaban fuera.
La prohibición afecta a seis países de mayoría musulmana: Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, por lo que los detractores de la norma cuestionaron su constitucionalidad por ser discriminatoria por motivos de religión. Sin embargo, Trump defiende que es necesario modificar los controles para evitar atentados en suelo estadounidense.
Un primer recurso de Hawái para aclarar la situación de los abuelos fue desestimado por los tribunales dado que no son competentes para interpretar un dictamen del Tribunal Supremo, pero el rechazo del Noveno Circuito de Apelaciones revelaba que se podría suspender la orden si el Gobierno no aplica adecuadamente el dictamen del Supremo a una persona o entidad concreta perjudicada por el veto migratorio. Horas después fue presentado un nuevo recurso de Hawái, que alegaba que el propio estado está siendo perjudicado al no poder acoger a refugiados.
VETO A LA INMIGRACIÓN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
La orden presidencial de Trump firmada en marzo prohibía durante 90 días la entrada a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana --Yemen, Sudán, Libia, Siria, Somalia e Irán-- por motivos de seguridad y suspendía el programa de acogida de refugiados durante 120 días, el periodo necesario, según la orden, para mejorar el sistema de vigilancia para evitar la infiltración de personas peligrosas.
Sin embargo, dos tribunales del circuito de apelaciones suspendieron las partes más importantes de la orden presidencial tras recursos presentados en de Hawái y Maryland y por eso la Casa Blanca ha apelado al Supremo.
Durante la campaña electoral, Trump destacó la importancia de impedir que la población musulmana tuviera acceso a Estados Unidos. Estas declaraciones han sido utilizadas para argumentar que se trata de un veto discriminatorio basado en motivos religiosos y, por tanto, inconstitucional.
