HRW denuncia el trato de las autoridades somalíes a los menores detenidos por su relación con Al Shabaab

Foto de archivo de un niño con un arma en Mogadiscio
REUTERS / OMAR FARUK
Actualizado 22/02/2018 17:21:17 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia están llevando a cabo procesos judiciales contra menores por su relación con el grupo terrorista islamista Al Shabaab sin respetar los estándares de justicia juvenil y sin priorizar la reinserción de los niños en la sociedad sobre su castigo, según una investigación difundida por la ONG Human Rights Watch (HRW).

A pesar de que el Gobierno somalí prometiese entregar a los menores detenidos al Fondo para la Infancia de Naciones Unidas (UNICEF) para su rehabilitación, "la respuesta de las autoridades nacionales y regionales del país ha sido inconsistente y ha violado en ocasiones los Derechos Humanos", ha denunciado la ONG en un comunicado.

HRW ha citado como ejemplo la captura por parte del Gobierno somalí de 36 niños de Al Shabaab el pasado 18 de enero, que, según ha dicho la organización, requirió de una semana de negociaciones entre autoridades y UNICEF para "acordar qué procedimientos se debían seguir con ellos".

Para confeccionar el estudio 'Es cómo si siempre estuviésemos en una cárcel: abusos contra los menores acusados de delitos contra la seguridad nacional en Somalia', HRW ha llevado a cabo entrevistas con 80 menores antiguamente asociados con Al Shabaab, niños detenidos por los servicios de Inteligencia del país, abogados, activistas a favor de los derechos de la infancia y miembros del Gobierno. Asimismo, la organización ha investigado los procedimientos judiciales militares y ha visitado dos cárceles.

Según HRW, los niños son retenidos en la Agencia de Inteligencia y Seguridad Nacional (NISA) o la Agencia de Inteligencia de Puntlandia (PIA) y son estas las que deciden cómo les categorizan, durante cuánto tiempo les retienen o si se los ceden o no a UNICEF. Según la organización, "la supervisión independiente y los procesos de evaluación y de custodia están muy limitados".

AMENAZAS Y TORTURAS

HRW ha denunciado que "los funcionarios y los guardias someten a los menores a tratos coercitivos e interrogatorios, medidas que incluyen aislarles de sus familias y de sus asesores jurídicos, amenazarles, e incluso pegarles y torturarles en alguna ocasión, para obtener confesiones o como castigo por responder de mala manera o por protagonizar disturbios en las celdas".

La ONG ha manifestado que factores como el estatus socioeconómico de los menores, sus orígenes o la presión externa pueden ejercer una influencia sobre el veredicto. La conclusión a la que HRW llega en su estudio es que Somalia no ha tratado los casos relacionados con menores de una manera consistente.

La organización ha denunciado que las autoridades somalíes se valen de un "sistema legal anticuado" para juzgar a los menores por tribunales militares como adultos por delitos de seguridad nacional, como la pertenencia a Al Shabaab.

HRW ha manifestado que los niños se enfrentan "a procedimientos judiciales que no cumplen los estándares de Justicia juvenil, en los que las confesiones obtenidas mediante métodos coercitivos han sido admitidas como prueba y en los que tienen una capacidad limitada para preparar su defensa".

La ONG ha recordado que "Somalia está obligada por el Derecho Internacional a reconocer el estatus especial de los menores que han sido reclutados o utilizados en un conflicto armado, lo que incluye actividades relacionadas con el terrorismo, y ayudar en su recuperación y reinserción".

La organización explica que esto quiere decir que los procedimientos judiciales en los que estos niños se vean envueltos deben respetar "los estándares de justicia juvenil" y que, en ellos, los tribunales deben considerar "medidas no judiciales".

Según HRW, más de dos decenas de menores han sido juzgados en Puntlandia por un tribunal militar. "Tengo miedo y estoy decepcionado", ha confesado un menor al que secuestró Al Shabab. El grupo terrorista obligó a luchar a este niño en Puntlandia, donde fue capturado por las fuerzas gubernamentales y donde ha sido sentenciado a diez años de prisión. "Al Shabaab me obligó a luchar y ahora el Gobierno me ha sentenciado a una condena tan larga", ha lamentado el joven.

COLABORACIÓN CON UNICEF

La ONG ha señalado que, si bien las autoridades somalíes han cedido desde 2015 a 250 menores a UNICEF para su rehabilitación, esto ha sido gracias a la insistencia de las organizaciones y que, en muchos casos, solo se ha producido después de que los niños pasaran un largo tiempo en prisión.

Por ello, HRW ha instado a las autoridades somalíes a acabar con la detención arbitraria de menores y priorizar la reinserción de los niños en la sociedad antes que su castigo por los delitos cometidos bajo el yugo de Al Shabab. Asímismo, la organización ha pedido a los socios internacionales del país que insistan en la aplicación de una supervisión civil e independiente.