MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
Una comisión extraordinaria de Economía y Hacienda prevé aprobar este miércoles el dictamen para sacar adelante una primera tanda de inversiones por un monto total de unos 71 millones de euros, que serían sacadas del presupuesto para ser financiadas con el remanente de tesorería del ejercicio anterior convirtiéndose en Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) con la idea de cumplir con los requerimientos del Ministerio de Hacienda.
Por segunda vez, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha dado un 'no' al Plan Económico y Financiero (PEF) del Ayuntamiento de Madrid, aprobado con los votos de Ahora Madrid y PSOE, que fue remitido el pasado 30 de marzo. El Ministerio entiende que se sigue incumpliendo la regla de gasto.
El Ayuntamiento plantea un acuerdo de no disponibilidad equivalente a las inversiones de 2017, que pasarían, si se consigue el acuerdo, a realizarse como IFS. Y todo porque, en palabras del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, el Ayuntamiento cumplirá con el acuerdo de no disponibilidad que le exige el Gobierno de la Nación, cifrado en 238 millones de euros. Se hará "sin recortes en servicios y gasto público", reiteró.
Que las inversiones pasen a ser financiadas con cargo al remanente de tesorería del ejercicio anterior es una técnica "contemplada en la ley" y recogida en el Plan Económico-Financiero (PEF), detalló Sánchez Mato.
Son 104 millones las inversiones incluidas en el presupuesto pero sólo pasarán por este primer acuerdo de no disponibilidad cerca de 71 millones ya que las restantes inversiones se han iniciado.
Este primer acuerdo de no disponibilidad será el primero de muchos hasta alcanzar los 104 millones y una de las vías, no la única, para cumplir con los requerimientos de Hacienda, cifrados en unos 238 millones a inmovilizar por incumplir la regla de gasto. Se espera llevar este primer acuerdo de no disponibilidad al Pleno del 26 de abril, con el preceptivo informe de la Intervención General y con el dictamen favorable de la comisión del área. Posiblemente contará con el voto favorable de Ahora Madrid y PSOE.
"Siempre hemos dicho que cumpliremos con una normativa hostil y negativa y que lo haremos sin menoscabar las políticas públicas y el gasto porque defendemos que son compatibles las dos cosas, la realización de los acuerdos de no disponibilidad con el blindaje de las políticas públicas", ha argumentado el delegado. Desde el Ejecutivo anuncian "otras vías" para responder a las solicitudes del Ministerio sin hacer recortes.
IFS
Desde el Ministerio explican que, en principio, un Ayuntamiento con superávit puede ejecutar inversiones financieramente sostenibles si cumplen o no superan los límites que fija la Ley reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
También tienen que presentar en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación.
En la misma dirección, deben presentar un período medio de pago a los proveedores, de acuerdo con los datos publicados, que no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad (es decir, no superior a 30 días).
Según recoge la normativa, el Ayuntamiento que quiera usar esta vía ha tenido que atender previamente con el superávit o el citado remanente (la menor cuantía de ambos) las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto', y a cancelar el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
Atendidas las obligaciones anteriores, el Ayuntamiento podría destinar el saldo restante de la menor de las dos cuantías (superávit o remanente de tesorería) a financiar inversiones financieramente sostenibles, hasta el límite del superávit que prevea obtener al cierre del ejercicio.
Es la segunda vez que el Ministerio de Hacienda ha echado para atrás el Plan presentado por el Ayuntamiento. La primera fue el pasado mes de enero, al considerar el equipo que dirige Montoro que el Ayuntamiento "no implementa las medidas solicitadas tendentes a la consecución de las reglas fiscales".
LEY DE ESTABILIDAD
Según establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en caso de falta de aprobación del PEF, el Ayuntamiento tiene que aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, "que garantice el cumplimiento del objetivo establecido".
Dicho acuerdo deberá detallar las medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado, "no pudiendo ser revocado durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido, ni dar lugar a un incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto esta informaciónserá objeto de un seguimiento específico".
Por otro lado, deberá constituir, cuando se solicite por el Ministerio, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.
Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Además, si transcurrido un nuevo plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el depósito se convertirá en multa coercitiva.
La Ley también recoge que de no adoptarse alguna de las medidas anteriores, el Gobierno podrá acordar el envío, bajo la dirección delMinisterio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada.
Esta comisión, que podrá solicitar cualquier dato sobre ingresos o gastos, deberá presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana.
En el supuesto de que el Ayuntamiento no adoptase el acuerdo de nodisponibilidad de créditos, se procederá al cumplimiento forzoso de las medidas contenidas en el requerimiento. Puede darse el caso, si se considera una "gestión gravemente dañosa para los intereses generales", que se proceda a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora.
