Alude a su situación de "extrema vulnerabilidad" y recalca que la ONU remitió un escrito para paralizar el lanzamiento
MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid que suspenda de forma cautelar el desahucio de Soraya Moreno y sus tres hijos de la vivienda que okupa en el distrito de Vicálvaro hasta que no se encuentre una alternativa habitacional para esta familia.
El Consistorio ha remitido un escrito al Juzgado para que adopte la paralización cautelar del lanzamiento decretado por el Juzgado de Instrucción número 3, dado que el 30 no actuaba durante agosto por estar en periodo vacacional.
Entiende que esta suspensión es una medida "plenamente pertinente y ajustada a derecho", a tenor del "mandato" remitido por la ONU para que no se efectúe el desahucio al sospechar que el "Estado español podría estar vulnerando los derechos humanos de Soraya y sus hijos, valoración que el Ayuntamiento comparte en su totalidad".
La solicitud formulada por el equipo de Gobierno municipal está suscrito por el concejal-presidente del distrito de Vicálvaro, Carlos Sánchez Mato, y en el mismo se incide en la situación de "extrema vulnerabilidad" que atraviesa Soraya y su familia, acreditada por el informe de los servicios sociales del Consistorio que también están atendiendo a Soraya.
Tras recordar que el Ayuntamiento ha ofrecido a esta familia "los recursos sociales disponibles", el documento explica que esos recursos, bajo la disposición de que sean siempre "los mejores posibles", son en ocasiones "claramente insuficiente" para atender determinadas necesidades.
Además, recuerda que Soraya elevo a la ONU, siguiendo el protocolo establecido, su situación por presunta vulneración de derechos y que Naciones Unidas determinó mediante un escrito al Estado que se adoptaran medidas cautelares hasta que se resolviera el asunto del desahucio.
Soraya ha registrado precisamente este miércoles una petición "urgente" de vivienda en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Consistorio.
El pasado 16 de agosto ante el Comité de derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas (ONU) se presentó la solicitud de inicio de procedimiento por vulneración del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Al día siguiente la ONU entendió que ante la posibilidad "de que se pudieran estar vulnerando los derechos" de esta madre y "para evitar daños irreparables" hasta que dicho Comité pudiera tratar el caso "era necesaria por parte de los poderes del Estado la suspensión cautelar del desalojo o realojo de una vivienda digna".
