Fiscal del 'Caso Bloque' se muestra "preocupado" por la posible prescripción del delito de cohecho contra cinco policías

Ginés Jiménez en el inicio del juicio por el Caso Bloque
EUROPA PRESS
Publicado 16/01/2018 15:13:58CET

El abogado del exjefe policial Ginés Jiménez Buendía solicita una prueba que podría dilatar el juicio

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fiscal del 'Caso Bloque', centrado en una presunta trama policial en el municipio madrileño de Coslada, se ha mostrado "francamente preocupado" por la posible prescripción del delito de cohecho impropio por el que están acusados cinco policías locales, ya que "la jurisprudencia existente es interpretable".

Así lo ha mantenido el representante del Ministerio Público en sus alegaciones a las consideraciones previas emitidas este lunes por las defensas, entre las que se encontraron la nulidad del procedimiento por diversas razones, como las acusaciones "vagas" del fiscal o las "irregularidades enormes" en la causa, en relación a las intervenciones de los teléfonos a varios de los policías acusados.

El fiscal, en su turno de réplica, ha ido respondiendo punto por punto a las alegaciones. Sobre todas ellas, ha sobresalido la petición de las defensas de cinco de los policías locales acusados sobre la prescripción del delito de cohecho impropio, por el que se enfrentan a una pena de multa de seis meses con cuota diaria de 12 euros.

Los abogados defensores defienden que desde octubre de 2008 no se ha realizado ninguna prueba para esclarecer la acusación, cuando este delito prescribe a los tres años o a los cinco, dependiendo de un aspecto jurídico.

El representante del Ministerio Público se ha mostrado "francamente preocupado" por la posible prescripción de esta acusación, ya que "es defendible una postura u otra porque la jurisprudencia existente es interpretable". En cualquier caso, ha mantenido la acusación contra los policías.

Por su parte, el Ayuntamiento de Coslada, que se adhirió ayer a la acusación del fiscal y renunció a su escrito, ha defendido que sean valoradas las "numerosas" dilaciones en la instrucción de la causa, que se ha extendido durante 10 años y un total de 11 magistrados. Algo que el fiscal ha considerado "intolerable".

GINÉS JIMÉNEZ SOLICITA UNA NUEVA PRUEBA QUE PODRÍA RETRASAR EL JUICIO

El abogado del exjefe policial de Coslada y principal acusado, Ginés Jiménez Buendía, ha solicitado la realización de una nueva prueba al tribunal, para lo que ha pedido que se suspendan las declaraciones de su cliente y varios implicados programadas en un primer momento para este miércoles y jueves. En suma, ha reclamado que se deje en suspenso el juicio, al menos hasta la semana que viene, a la espera de esta prueba, que ya ha sido admitida como anticipada por el juez.

Esta nueva prueba sería una grabación de una conversación entre Ginés Jiménez y la magistrada decana de Coslada. En ella, según ha relatado el propio acusado, la jueza habría reconocido que hubo una persecución contra su persona.

Pese a pedirla en numerosas ocasiones, la defensa defiende que nunca se encontró la grabación, y están a la espera de que la prueba llegue desde Dinamarca. La grabación se encontraría en el país escandinavo, gracias a la tecnología Sitel, un sistema de escuchas telefónicas del Ministerio de Interior utilizado por la Policía Nacional o la Guardia Civil. Si no se encuentra el material al completo, al menos esperan que se confirme su existencia y su duración.

FISCAL: "NO ES MI PRETENSIÓN HACER UNA MACROCAUSA NI CONDENAR A GINÉS"

El fiscal, siguiendo con sus alegaciones, ha sostenido que no es su "pretensión" que esto se convirtiera en una "macrocausa", aunque ha asegurado que no va a participar de "la teoría de conspiración que defiende la incriminación 'a dedo' de Ginés en la causa".

En este sentido, ha reiterado que no tiene "ningún interés personal" en culpar a Ginés Jiménez: "Me da lo mismo, pero tengo que cumplir mi trabajo". Además, ha confirmado que el propio acusado ha acudido en varias ocasiones a su despacho y que le informó puntualmente de las actuaciones realizadas cuando lo solicitó.

Por otra parte, en cuanto a la vulneración del principio acusatorio que plantearon las defensas, el fiscal ha mantenido que a los acusados se les preguntó por los mismos hechos: "Que cambie el delito que se le imputa no significa nada".

En último lugar, y relativo a la impugnación de varias actuaciones policiales como las intervenciones telefónicas, el fiscal asegura que el caso "estaría en el mismo punto judicial" sin ellas, porque "los hechos objetivos son los testimonios de las prostitutas". En cualquier caso, el fiscal ha pedido a las defensas que interroguen sobre este asunto a los mandos policiales responsables de la investigación cuando comparezcan en el plenario, no a él que no tiene "nada que ver". "Yo solo plasmo judicialmente una investigación policial", ha apostillado.

"LAS PROSTITUTAS NO APUNTAN EN UNA AGENDA CON QUIÉN SE ACUESTAN"

Durante la sesión de este martes nuevamente ha sido objeto de polémica la personación como acusación particular o no del Ayuntamiento de Coslada. El abogado municipal ha defendido que la Sección 4 de la Audiencia Provincial ya consideró en su momento que eran perjudicados en la causa, aceptando su petición, ya que "la actuación del cuerpo policial municipal atacó la integridad y el buen nombre del Consistorio".

Sin embargo, las defensas han mostrado su disconformidad con que el Ayuntamiento siga en la causa pese a adherirse ayer a la acusación del fiscal, y han reiterado que sea expulsado.

Al final de su turno de palabra, el letrado municipal ha recordado irónicamente que "las prostitutas no tienen una agenda donde apuntan con quién se acuestan al día". De ahí, según el abogado, que los hechos que se imputan sean poco concretos en su fecha e identificación.

ACUSACIÓN DEL FISCAL

El fiscal acusa a Jiménez Buendía de los presuntos delitos de extorsión, cohecho, amenazas condicionales, depósito y tenencia ilícita de armas, y blanqueo de capitales. Por éstos se enfrenta a 26 años y ocho meses de cárcel. Del delito de blanqueo de capitales también acusa como colaboradores a su esposa y a su hijo, por lo que se enfrentan a 4 años de cárcel cada uno. A otro policía le acusa de cohecho y del deber de perseguir delitos, y a los otros cinco policías locales de un delito de cohecho impropio a cada uno.

Dentro de la misma causa tendrán que sentarse también en el banquillo de los acusados tres ciudadanos rumanos, Catalin A., Francisc G. y Ionot G., a quienes se les acusa de un delito de prostitución. Estos dos últimos, sin embargo, no han podido ser localizados para su citación.

El Ministerio Público señala que todos los policías locales acusados se aprovechaban de su situación de agentes de la autoridad "para conseguir de manera gratuita los favores sexuales de las mujeres que ejercían la prostitución". A Jiménez Buendía le acusan de que se "aprovechaba su cargo de agente de autoridad" para "vulnerar el ordenamiento legal movido por intereses personales en beneficio propio".

En el escrito de la Fiscalía también se afirma que el exjefe de la Policía Local de Coslada, "de manera abusiva y arbitraria", quería controlar "por vías de hecho, independientes al cauce marcado por el ordenamiento jurídico", la tramitación de licencias y autorizaciones de apertura, de actividad o similares.