Los cambios en las condiciones laborales de los trabajadores públicos vía enmienda del PP, lo más criticado por la oposición
MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este martes, con 69 votos a favor del PP y 53 en contra de la oposición, la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012 que, entre otras cosas, contempla una modificación de las condiciones laborales de los trabajadores públicos, un punto que ha generado polémica en el Parlamento regional por el fondo y la forma de introducción de estas medidas.
Uno de los puntos que más debate ha generado estos días en la Asamblea de Madrid, y que hoy se ha materializado en la expulsión de un grupo de personas que seguía el pleno desde la tribuna de invitados, es la modificación del pago que hace la Comunidad de Madrid del complemento de las bajas temporales al personal laboral.
En consecuencia, que la Seguridad Social seguirá pagando el 60 por ciento del salario de los afectados, pero la Comunidad no abonará el 40 por ciento restante como hacía hasta la fecha.
Dentro del ámbito de los empleados públicos se modifica también su jornada laboral, de manera que "la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y treinta minutos".
Además, con carácter general, el número máximo anual de días de asuntos particulares sea de seis incrementados en dos a partir del sexto trienio y en uno más por cada trienio a partir del octavo".
La Ley Medidas Fiscales y Administrativas recoge, entre otras cosas, la imposición de una tasa por la visita y uso del Castillo de Manzanares El Real, la modificación de la Ley de Cajas de Ahorros en relación a cómo se computan a efectos de elecciones de representantes de impositores los territorios en Bankia, o la adaptación del pago de los abonos del Consorcio Regional de Transportes en los casos de los convenios con comunidades limítrofes con los que la Comunidad tenía suscritos.
Asimismo, destaca una nueva reforma Ley del Suelo, o de la Ley del Juego, la eliminación de la tasa obligatoria para que los comercios puedan vender alcohol, la libertad de apertura para las farmacias, o la ampliación al segundo ciclo de Educación Infantil de las ayudas para la compra de uniformes o estudio de idiomas.
PP: EN FAVOR DE LA IGUALDAD Y LA PRODUCTIVIDAD
El portavoz del PP en materia presupuestaria Pedro Muñoz Abrines ha defendido la norma en el pleno de Vallecas, donde, sobre todo, se ha centrado en las enmiendas del PP que afectan a las condiciones laborales de los trabajadores públicos.
Muñoz Abrines ha afirmado que entiende "cierto malestar de los empleados públicos" por los cambios, así como el "sacrificio" que supone tener que trabajar dos horas más a la semana, pero ha añadido que lo que se busca es "igualar la jornada laboral" a la de otros trabajadores.
El 'popular', que ha explicado que lo que buscan es lograr "más productividad" también en el sector público, ha recriminado a los socialistas que se opongan a esta medida cuando "hace poco bajaron el sueldo un cinco por ciento a los empleados públicos", algo que junto a los despidos es lo que quieren eliminar con esta medida.
PSOE: LO MÁS GRAVE, LAS ENMIENDAS
El portavoz del PSOE en la materia Antonio Carmona ha comenzado su intervención con la vista puesta en los cambios que se han introducido gracias a enmiendas del PP, que probablemente supondrán el despido de "8.000 trabajadores públicos y rompen la negociación colectiva".
"Más grave que la Ley de Acompañamiento son las enmiendas presentadas por ustedes", ha exclamado Carmona, que ha criticado que se aumentan las horas de trabajo "de espaldas a la mesa de negociación, rompiendo la negociación colectiva".
Además, en el caso del cambio en las compensación que presta la Comunidad en caso de baja temporal, ha considerado que es una "vergüenza" que se vaya a reducir el dinero que recibe alguien enfermo, por ejemplo, de cáncer.
El socialista, que ha considerado complicado explicar su posición en tan poco tiempo, más aún cuando se modifican "tantas leyes", ha criticado que en la norma se modifique la ley de la Cámara de Cuentas para ajustarla "al nombramiento de una sola persona", o la Ley del Suelo, de manera que las ciudades se convierten en "vertederos de vivienda".
A este respecto, el portavoz del PP ha señalado que lo que buscan es "homogeneizar" la Comunidad de Madrid al resto de regiones de España.
IU: "VUELTA DE TUERCA AL MODELO NEOLIBERAL"
Por su parte, la parlamentaria de IU en materia presupuestaria Libertad Martínez ha criticado la norma pero sobre todo, los cambios introducidos a través de enmiendas, que castiga la "negociación colectiva y derechos fundamentales consagrados en la Ley orgánica de Libertad Sindical".
Tras denunciar una vez más "la forma neoliberal de afrontar la crisis", ha considerado que los cambios relativos a las condiciones de trabajadores de la Comunidad suponen una "vuelta más de tuerca a este modelo" neoliberal.
"Vengo a denunciar aquí que con esta actuación han roto el principio de buena fe que debe presidir toda negociación colectiva", ha criticado y ha denunciado la "represión de los derechos sociales" a través de la norma.
Martínez ha criticado también "los regalos fiscales, los horarios de explotación en el comercio, que hay "mucha privatización" o que se "malvenda" el Canal de Isabel II y "mañana, quien sabe, el Metro de Madrid".
UPYD: MÁS RECAUDACIÓN VÍA IMPUESTOS
Por último, el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, se ha mostrado a favor de la modificación de las horas laborales de los trabajadores públicos, a pesar de que ha criticado la forma en que se ha hecho, pero la modificación del pago de la incapacidad temporal es una iniciativa que rechazan "tanto en el fondo como en la forma".
De Velasco ha defendido cambios fiscales para "lograr una recaudación mayor en impuestos" y a este respecto, ha avanzado que seguirán insistiendo "como voz que clama en el desierto" en que el ajuste fiscal no puede venir únicamente de la reducción del gasto público sino que tiene que ser complementado por la vía de los impuestos.
Desde la formación magenta rechazan también la reforma de la Ley del Suelo, que hace que la legislación vuelva a la de "hace 40 años" y permite la "subordinación de la función social del urbanismo".
