MURCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal pide penas que suman cinco años de cárcel para un hombre y una mujer acusados de traficar con cocaína y cannabis en dos casas del municipio de Puerto Lumbreras. El juicio se celebra este jueves, a partir de las 9.30 horas, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Murcia.
Los hechos se remontan al mes de septiembre de 2009, cuando agentes de la Guardia Civil, en funciones de prevención y vigilancia del tráfico ilegal de estupefacientes, observaron cómo varias personas portaban sustancias estupefacientes para su propio consumo en las proximidades de la calle Francisco Tirado de Puerto Lumbreras, según la calificación del Fiscal consultada por Europa Press.
Como consecuencia de ello, los agentes solicitaron del Juzgado de Instrucción número 2 de Lorca, en funciones de guardia, la entrada y registro en el piso ubicado en ese lugar, propiedad de uno de los acusados, así como en la casa de la otra acusada, al tener conocimiento de que en dichas viviendas se podría estar traficando con sustancias no permitidas.
El 17 de septiembre de 2009, la Guardia Civil registró los domicilios, encontrando en uno de ellos 4,36 gramos de cocaína distribuidos en 10 papelinas con un valor de 474,21 euros que uno de los acusados poseía para su posterior venta o donación.
En el domicilio de la otra acusada, los agentes encontraron una planta de cannabis con un peso de 91,12 gramos y resina de cannabis con un peso de 32,85 gramos que poseía para su posterior venta o donación y cuyo valor fue fijado en 458,1 euros.
Días más tarde, el 22 de febrero de 2010, el acusado fue interceptado en un control rutinario de la Guardia Civil viajando en un coche con otra persona y encontraron cocaína escondida en la palanca de cambios del turismo. El estupefaciente tenía un peso de 15,05 gramos y su valor ascendía a los 1.096 euros.
Por todo ello, el Fiscal considera al acusado autor de un delito contra la salud pública del inciso primero del Código Penal por el que le pide una pena de tres años y seis meses de cárcel, así como el abono de una multa de 2.500 euros. Además, estima que la acusada es autora de un delito contra la salud pública, del inciso segundo del Código Penal, por el que solicita una pena de un año y seis meses de cárcel y el pago de una multa de 500 euros.
