MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó el procesamiento, a instancias de la Fiscalía, de 13 miembros de las formaciones abertzales D3M y Askatasuna, suspendidas desde el pasado mes de febrero, nueve de ellos por un delito de integración y el resto como presuntos colaboradores de la organización terrorista ETA.
Otros doce imputados quedan fuera de esta decisión por falta de pruebas concluyentes.
Entre los procesados, que prestarán declaración indagatoria el jueves ante el titular del Juzgado Central del Instrucción número 5, están los principales representantes de estas formaciones, el presidente de Askatasuna Jose Antonio Munduate, el secretario del mismo partido Xabier Isasa y la que fuera portavoz de D3M Amparo Las Heras.
Garzón suspendió ambas formaciones el pasado 17 de febrero apenas unos días después de que se les impidiera concurrir a las elecciones vascas del mes de marzo. La decisión obedeció a que el magistrado encontró importantes indicios de la "instrumentalización" de ambas marcas electorales "por la organización ilegal ANV-Batasuna y su incardinación en el complejo terrorista ideado y liderado por ETA con la finalidad de cubrir el frente institucional" de la banda.
El auto hecho público hoy, de 122 páginas, concreta que los procesados por integración son, además de Las Heras (que encuentra en libertad bajo fianza) , Arantza Urkaregui, Elisabet Zubiaga, Iker Rodrigo, Imanol Nieto, Agurtzane Solabarrieta, Hodei Egaña, Unai Berrostegieta y Zuriñe Zorrotua, con diferentes grados de responsabilidad en la organización. Aquéllos a los que se acusa de colaboración son los dos principales responsables de Askatasuna y también FernandoAntia y Aitor Liguerzana.
REFERENTES POLÍTICOS DE ETA
Respecto de los primeros, Garzón señala que tiene indicios tanto su militancia y grado de responsabilidad en Batasuna/Ekin, "referentes políticos de ETA en el entramado criminal que dirige", como de la actividad que desarrollaban para conseguir que el complejo terrorista esté presente en las instituciones democráticas, "que es una de las finalidades principales que ETA persigue desde hace décadas", asegura.
Añade que, desde que en agosto de 2002 se suspendieron las actividades de la ilegalizada Batasuna, ETA eligió la estrategia de las "marcas políticas sucesivas" (Euskal Herritarrok, PCTV, ANV etc..) hasta llegar a la última utilizada, D3M, aunque también optó por instrumentalizar otras que se encontraban "en hibernación" para ser utilizadas en el momento preciso como ha sido el caso del partido Askatasuna.
Respecto de Munduate e Isasa, les imputa colaboración por cuanto ambos han prestado voluntariamente su consentimiento a que el partido Askatasuna, que dirigían, asumiera las decisiones de ETA/Batasuna, "lo que resultaba imprescindible para que la continuidad y sustitución de éstos se produjera". Sin embargo, no se han constatados actos por parte de los dirigentes de este partido "hibernado" diferentes a la aceptación y prestación de consentimiento de la "marca", asumiendo el carácter ilícito de su conducta.
Los indicios que existen contra todos ellos se fundamentan en investigaciones policiales, y en las conversaciones intervenidas que mantuvieron los ahora procesados con terceros, las resoluciones del Tribunal Supremo impidiendo la presencia de sus formaciones a los comicios del pasado 1 de marzo y objetos intervenidos en diferentes registros.
Otras diez personas que fueron imputadas en este sumario son exoneradas provisionalmente de cualquier responsabilidad, puesto que las pruebas que existen contra ellas "no alcanzan la intensidad necesaria para que tengan representación penal", mientras que Gotzon Amaro e Iñaki Olalde, igualmente imputados en este sumario, ya han sido procesados en otras causas por el mismo delito.