Hacienda advierte al País Vasco de que pagar la extra de Navidad puede constituir un delito de prevaricación

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha asegurado que si el Gobierno vasco paga la extraordinaria de Navidad a sus funcionarios podría incurrir en un delito de prevaricación, por tomar una decisión "a sabiendas de que es una injusticia". El Real Decreto Ley 20/2012 prohibió el abono de la segunda paga extra de este año para los funcionarios públicos de todo el país, sin excepciones, dentro de las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria.

En un comunicado hecho público este miércoles, el departamento que dirige Cristóbal Montoro responde así al anuncio que ayer hizo el Ejecutivo vasco, su intención de abonar esta paga de Navidad porque así lo recogen los Presupuesto vascos de 2012. Argumentaba que esta norma no se modificó tras el citado real decreto y que, por tanto, está en vigor y debe cumplirse.

Hacienda explica de entrada que si se aprueba una resolución o disposición "contraviniendo" la prohibición de pagar la extra, el asunto podría terminar en el Tribunal Constitucional, al entender el Estado que la administración vasca incumple una normativa básica estatal.

"Adoptar una decisión de estas características, obviando la normativa básica de aplicación directa y prevalente sobre las normas autonómicas anteriores contrarias a aquella, por tanto, supone una clara vulneración del orden constitucional", se asegura desde Hacienda.

Pero además, se agrega que tanto si se dicta esa resolución por parte del Gobierno vasco para "dar cobertura a esta infracción del orden constitucional" como si, de hecho, se ordena el abono a los funcionarios de la extra, se podría incurrir en un delito de prevaricación, "cuyo supuesto de hecho consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo por parte de autoridad o funcionario público, a sabiendas de su injusticia".

El Gobierno vasco, que se encuentra en funciones, ha acordado abonar la paga extra de diciembre a sus alrededor de 67.000 empleados públicos, lo que supondrá un desembolso de 207 millones de euros, ya que un informe jurídico del ejecutivo afirma que debe cumplir su ley de Presupuestos en vigor y que lo contrario sería una decisión "no ajustada a derecho".