MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) - El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que actúe después de que el Parlamento catalán haya desafiado al Tribunal Constitucional y haya aprobado debatir sobre la "desconexión" de Cataluña. Además, se ha puesto en contacto con los principales líderes políticos para informarles de los pasos que va a dar el Ejecutivo en funciones. En concreto, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios ha estudiado este miércoles la posibilidad de elevar al Consejo de Ministros del día 29 un acuerdo por el que se autoriza a la Abogacía del Estado a presentar ante el TC un incidente de ejecución contra la resolución aprobada en el Parlamento catalán, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo. En esa resolución del Parlamento catalán, se señala que "el pueblo de Cataluña tiene legitimidad" para comenzar un proceso constituyente propio que constará de tres fases: una primera de proceso participativo, una segunda fase de desconexión con el Estado y convocatoria de elecciones constituyentes que conformarán una Asamblea Constituyente, que redactará un proyecto de constitución. En una tercera fase será ratificada a nivel popular por medio de referéndum. El Gobierno del PP considera que la resolución del Parlamento catalán "vulnera radicalmente" la sentencia del Tribunal Constitución al del 2 de diciembre de 2015 que declaró inconstitucional y nula la resolución del Parlamento catalán sobre el inicio del llamado 'proceso de desconexión', aprobada el 9 de noviembre de 2015. Según el Ejecutivo, también vulnera el reciente auto del TC del 19 de julio de 2016 en el que se advertía a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento de Cataluña, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandato del TC. En una comparecencia en el Congreso, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmado la presentación de ese incidente de ejecución y ha dicho que hay "voluntad política" y "mecanismos judiciales suficientes" para respetar el marco constitucional vigente. Además, ha puesto en valor la "receptividad" que ha encontrado Rajoy en el socialista Pedro Sánchez durante la conversación telefónica que han mantenido por este asunto. Se trata del segundo incidente de ejecución que planteará la Abogacía del Estado en relación con la actividad de la Comisión de Estudios, tras su creación el pasado 20 de enero. Solo unos días después, el 1 de febrero el Ejecutivo impugnó ante el Constitucional su formación, al considerar que la intención del Parlamento de Cataluña era la de "eludir los pronunciamientos del TC" y seguir adelante con el proceso constituyente. En aquella ocasión, el tribunal tardó un mes en admitir a trámite la cuestión, después de ofrecer a las partes un plazo de diez días para que presentaran las alegaciones que consideraran oportunas. Su decisión final se produjo la pasada semana, casi cinco meses más tarde. El Constitucional reflejó en esta resolución una advertencia directa a la cámara autonómica y, especialmente, "a la Mesa del Parlamento". El auto indicaba expresamente que la Comisión de Estudios debe someterse "al cumplimiento de las exigencias de la Constitución" y no puede dirigir su actividad a "la apertura de un proceso constituyente en Cataluña encaminado a la creación de la futura constitución catalana y del estado catalán independiente".
