MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón señaló hoy en un auto que las referencias al hallazgo de ácido bórico en un piso de ETA en el informe pericial presuntamente falso que elaboraron los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique sobre el 11-M "no respondía al interés de sugerir la investigación de hechos relacionados, ya que eran inexistentes, sino generar una apariencia sin sustento real alguno, que vinculara a la organización terrorista ETA con los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid".
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 incluye estas afirmaciones en el auto en el que concluye la pieza separada en la que estudiaba una posible ampliación de la acusación contra el procesado por el 11-M Hassan El Haski, en cuyo domicilio se encontró el ácido bórico, por la presunta vinculación de este hallazgo con los atentados perpetrados en Casablanca en 2003. Concluye que esta sustancia, a la que se refiere como utilizada para "matar cucarachas", carece de relevancia para imputar a nadie un delito de tenencia de explosivos.
En un auto de 15 páginas, el magistrado detalla de forma minuciosa todas las diligencias que ha practicado para concluir "sin duda racional alguna", que el documento realizado por los peritos el 21 de marzo de 2006 supuso una "prefabricación intencionada" de sus observaciones "para que produjeran un efecto espúreo a la propia pericia, en concreto la supuesta vinculación entre ETA y los presuntos autores de los atentados terroristas del 11 de marzo".
"Y ello se ha realizado -destaca el juez-, sin la más mínima base científica, sustentándolas en simples elucubraciones y omitiendo datos relevantes cuya presencia habría supuesto la inocuidad de aquellas observaciones, y dentro de éstas, la del ácido bórico como sustancia explosiva".
ACORDE CON LA CONSPIRACIÓN
Añade que la omisión de determinados datos fue acorde "con cierto debate social construido en torno a aquel caso para desacreditar la investigación e instrucción sumarial". Las observaciones del documento eran "tan genéricas como perversas e impropias de un informe pericial", a juicio de Garzón.
En sus fundamentos jurídicos, el auto concluye que se trató vincular a ETA con el 11-M a través de uno de sus autores, y gracias al hallazgo de 1.300 gramos de ácido bórico "para matar cucarachas", nueve meses después del 11-M. Para ello se relacionó lo incautado a El Haski con otro hallazgo de la misma sustancia en 1999, que fue requisada al extremista Iván Martínez (ocasión en la que dos de los tres peritos negaron que fuera un explosivo), y con lo hallado en 2001 en un piso del comando "Buruhauste" de ETA (caso en el que ni siquiera se incorporó el ácido al informe de explosivos).
La omisión de estas dos consideraciones en su documento, "no fue casual" por parte de Escribano", a quien Garzón sitúa como principal responsable del supuesto fraude, "y que los otros dos firmaron sin leer o cuestionar, sino perfectamente meditada por aquél porque, de su presencia o no, dependía poder mantener o no (...) la conexión entre ETA y organizaciones terroristas islamistas o jihadistas".
Garzón considera que la eliminación de las dos referencias antes señaladas por el superior de los tres peritos, Francisco Ramírez, en el informe que finalmente fue remitido al juez instructor del 11-M, Juan Del Olmo, "no sólo era oportuna sino la única medida legal y posible de acuerdo con las normas de calidad vigentes en la Comisaría General de Policía Científica".
ENCARGO MATERNO
Tras sus averiguaciones, el magistrado ha decidido no ampliar la imputación contra El Haski por tenencia de sustancia explosiva al considerar que el ácido bórico que se halló en su domicilio, y que adquirió por encargo materno, "carece de relevancia jurídico-penal" para poder acusarle del citado delito.
En sus fundamentos jurídicos, Garzón subraya que no consta "ningún dato, informe, documento, estudio o similar que permita afirmar que el ácido bórico haya tenido algún uso como elemento de sustancia explosiva hasta la fecha en España". Agrega que en el mismo sentido se ha pronunciado la Unidad Central de Explosivos, el Servicio de Información de la Guardia Civil y el Departamento del Servicio de Criminalística y Desactivación de Explosivos y Defensa Nuclear, Radiológico, Bacteriológico y Químico (NRBQ).
ENVÍO A LA JUEZ GALLEGO
El auto menciona de forma pormenorizada los numerosos informes solicitados por Garzón para determinar la naturaleza y usos del ácido bórico en España y también a nivel internacional; así como las declaraciones de los tres peritos, de sus superiores Ramírez y el propio Comisario General de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, de otros funcionarios de este departamento y del propio El Haski (que tuvo lugar el pasado jueves y de la que no se informó porque aún pesaba el secreto sobre las actuaciones).
Asimismo, se reproduce la información remitida el pasado 5 de octubre por Garzón a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 35, Gemma Gallego, que instruye la querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra los superiores de Escribano, López Cidad y Manrique.
En dicho documento, Garzón adelantaba su inhibición respecto del presunto delito de falsificación de los peritos, e incluía que desde su punto de vista no existía indicio alguno contra sus mandos policiales. Añadía numerosos documentos, como los informes sobre el ácido bórico, sobre las normas internas de "control de calidad" de la Policía Científica e incluso una diligencia de su secretaria judicial haciendo constar la duración de las declaraciones de los peritos y las incidencias ocurridas durante las mismas.
El juez central de instrucción número 5 insiste en que el borrador de los tres peritos "no superó el visado y control de calidad", mientras que sus superior tenía la obligación de eliminar "unas observaciones inveraces preconstituidas y con finalidad distinta a la propia del informe, y ello aunque no se hubiera sugerido la posible conexión ETA-islamistas".
MANIOBRA DE LOS PERITOS
Detalla asimismo el juez que, según las declaraciones de los propios imputados, el informe inicial fue redactado por los tres peritos el 21 de marzo de 2005 y posteriormente rechazado por Ramírez, para que eliminaran las observaciones que no respondían a las normas de calidad. Escribano replicó a su superior que no suprimirían estos datos, que si no estaba de acuerdo podría reasignar el caso, por lo que Ramírez redactó un nuevo informe con los datos de un disquete que sólo tenía Escribano y lo remitió al juez Del Olmo.
Posteriormente, el pasado 11 de julio, Escribano fabricó un nuevo original valiéndose de lo que poseía en su archivo informático y lo pasó a la firma de López Cidad y Escribano, "con el fin de dar la apariencia ante los superiores de que guardaban el original". El documento llegó a el diario El Mundo entre el 11 de julio y el 21 de septiembre de 2006, día en el que se entregó al Comisario General Santano.
Por todo ello, Garzón concluye que los peritos reconstruyeron el pasado mes de julio su informe y lo manipularon para simular que era oficial, "entregándolo a un medio de comunicación y presentándolo en sede judicial (los juzgados de Del Olmo y Garzón, respectivamente), para imputar una falsedad a los superiores que cumplieron con las normas legales y de control de calidad al rechazar ese informe".
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