MADRID, 2 Ene. (EDIZIONES/Portaltic) -
La nueva legislación alemana que obliga a compañías como Facebook, Twitter o Google a eliminar contenido ilegal o de odio de sus servicios en 24 horas ha puesto fin este lunes 1 de enero a los tres meses de transición concedidos a las empresas de Internet para adaptarse a ella.
La ley alemana conocida como NetzDG entró en vigor el 1 de octubre, pero las autoridades del país concedieron un plazo de tres meses para que las compañías responsables de redes sociales acometieran los cambios necesarios para ofrecer a los usuarios herramientas efectivas para denunciar contenidos ofensivos y eliminarlos.
Por esta ley, las compañías deben asegurar la eliminación, en 24 horas, de aquellos contenidos claramente ilegales, como las amenazas violentas o la difamación, y en un plazo de siete días contenidos potencialmente ilegales tras su comprobación.
Asimismo, los usuarios deben tener a su disposición herramientas de denuncia efectivas, que sean "fácilmente reconocibles, de acceso directo y estén constantemente disponibles", como detalla el texto de la ley. Los contenidos denunciables incluyen injurias, difamación, bulos, la incitación a cometer un crimen, el discurso del odio contra grupos determinados o amenazas.
Las compañías también deberán realizar un informe trimestral que recoja información sobre su lucha contra el contenido ilegal, como el número de personas dedicadas a la tarea de bloquear y eliminar contenido ilegal, así como su cualificación.
La ley afecta a plataformas como Facebook, Twitter, Google, YouTube, Tumblr, Snapchat, Reddit o Instagram, que tengan más de dos millones de usuarios, y las compañías que no cumplan con los nuevos requisitos se enfrentan a multas de hasta 50 millones de euros.
NetzDG se trata de una ley que ha generado controversia, como apuntan desde Deutsche Welle y BBC. Por un lado, se ve como los esfuerzos de las autoridades alemanas por combatir el discurso del odio en Internet, pero los más críticos advierten de que se trata de un ejercicio de censura que puede limitar la libertad de expresión.
