MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha pedido el amparo de la Presidencia del Congreso de los Diputados ante lo que a su juicio está suponiendo la "obstrucción" del Gobierno a la hora de facilitar documentación sobre la tragedia acaecida el pasado 6 de febrero en Ceuta, donde 15 inmigrantes perdieron la vida, y que dice que no le ha remitido.
Por ello, en rueda de prensa en la Cámara Baja, el parlamentario asturiano se ha aferrado al derecho de información que tiene como diputado del Congreso para pedir el amparo de Jesús Posada y que éste solicite al Gobierno por un lado todas las grabaciones de aquella noche, las comunicaciones que existieron entre el centro operativo y los propios guardias civiles, así como la copia de los comunicados de la Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno.
Así, ha criticado que por ejemplo Interior se remita a la página web del Ministerio donde están colgados los videos de la tragedia y no se los haya remitido, como así solicitaron por escrito al Ejecutivo.
EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL
Por otro lado, Llamazares ha mostrado un informe del teniente general y director adjunto operativo, Cándido Cardiel Ojer, con fecha de 8 de febrero y con el sello de la Cámara Baja del pasado 7 de marzo, en el que se relatan los hechos de aquella fatídica noche del 6 de febrero.
Llamazares interpreta que el informe elaborado por la Guardia Civil sobre la tragedia refleja la existencia de instrucciones para utilizar pelotas de goma como medida disuasoria de la entrada inmigrantes, instrucciones éstas de las que el Ministerio del Interior no ha dado cuenta en el Congreso.
"El Gobierno nos pasa un anexo que en nuestra opinión es en buena medida un reconocimiento de culpa porque se reconoce la utilización de material antidisturbios, que se lanza de manera direccional a los inmigrantes y sólo se deja de lanzar cuando la distancia es de 25 metros, cuando no se debe lanzar cuando la distancia es inferior a 50 metros", declara Llamazares.
El informe señala textualmente que, a fin de frenar el avance de los inmigrantes hacia la costa, se lanzaron los medios para delimitar la traza fronteriza en el mar "con la orden habitual" de que siempre haya varios metros entre el lugar de impacto del agua y los propios inmigrantes, para no alcanzarlos.
"Todos los lanzamientos se hacen desde tierra, siendo la distancia superior a 25 metros, y la zona de impacto siempre correspondía a aguas españolas, lejos de donde se encuentran los inmigrantes", continúa el texto firmado por el mencionado teniente general.
DEVOLUCIONES EN CALIENTE
Llamazares ha resaltado también que en este texto del teniente coronel se señala que ese día 6 de no se consumaron devoluciones en caliente, ni "ninguna entrada ilegal de inmigrantes en territorio nacional, a efectos del régimen general de extranjería, en tanto en cuanto ni en la valla terrestre, ni en la línea de vigilancia establecida en la lengua del agua en la playa del espigón de El Tarajal, ningún inmigrante rebasó dichas líneas".
Ante esta explicación, Llamazares entiende que las devoluciones en caliente sí se van a poder realizar siempre y cuando los inmigrantes no estén de espaldas a los guardia civiles o de los policías.
"Es decir, siempre se puede devolver al inmigrante. Esa es la interpretación sesgada y torticera de la Ley de Extranjería, que hace una interpretación a su acomodo. La incumple y ya no hay frontera entre España y Marruecos y lo que estipula la frontera es la espalda de los efectivos", ha insistido.
Por ello, ha insistido en que hay datos "suficientes" para mantener la petición de crear una comisión de investigación en la Cámara Baja sobre lo sucedido ese 6 de febrero, así como solicitar la dimisión tanto del ministro responsable, Jorge Fernández Díaz, y el director general de la Guardia Civil.
Finalmente, y preguntado sobre si suscribirá la oferta que el ministro del Interior lanzó este miércoles a los grupos de la oposición de un pacto de Estado sobre la inmigración, Llamazares ha dicho que, como actualmente se está en la vulnerando la ley en la tragedia de Ceuta, sigue siendo una prioridad delimitar lo que ocurrió y que el Gobierno asuma responsabilidades.
"El requisito indispensable para hablar de inmigración es que el Gobierno cumpla la ley e informe a la Cámara y asuma responsabilidades políticas", ha concluido.
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